2008, abril. Fortalecida campaña contra Ley de Caducidad en Uruguay

La decisión del Frente Amplio del Uruguay (FA) de apoyar la campaña contra la Ley de Caducidad adelanta la posibilidad de juzgar a los responsables de crímenes durante los años de la dictadura militar (1973-1985).

Este fin de semana, durante un plenario del FA, una moción promovida a ese respecto por el Partido Comunista (PCU) recibió la aprobación de 81 delegados, mientras nueve la rechazaron y 53 se abstuvieron.

Además del PCU, votaron a favor los partidos Por la Victoria del Pueblo y Obrero Revolucionario, los movimientos Nuevo Espacio y 20 de Mayo, la Corriente de Izquierda y los delegados de base del frenteamplismo.

En contra lo hicieron los sectores mayoritarios del gobierno: el Movimiento de Participación Popular, Asamblea Uruguay, Vertiente Artiguista, Alianza Progresista y el Partido Socialista, al que pertenece el presidente Tabaré Vázquez.

Analistas políticos coinciden en que la decisión coloca en una posición incómoda al mandatario, quien desde antes de asumir el cargo prometió que no derogaría la normativa, promovida en diciembre de 1986 por el entonces gobernante Julio María Sanguinetti.

Aunque la también llamada Ley de Impunidad amnistió a los violadores de los derechos humanos durante el período dictatorial, Vázquez se reservó el derecho de excluir casos en los que mediaran circunstancias especiales, como la participación en crímenes en naciones vecinas.

De hecho, hoy guardan prisión en Montevideo una docena de represores, entre ellos los ex dictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco, por su vinculación con asesinatos cometidos a la sombra de la Operación Cóndor.

Si bien la resolución debe entenderse como propia de la fuerza política, no del gobierno, analistas locales recalcan que según los estatutos de la coalición ésta debe sumarse a la campaña de recolección de firmas para plebiscitar la anulación de la Ley en las elecciones de octubre de 2009.

El último Congreso del FA, celebrado en diciembre pasado, dejaba en libertad de acción a los militantes para acompañar la campaña de derogación de la ley. Ahora será una de sus tareas expresas.

Puesta en marcha en septiembre del 2007 bajo el lema de “Nunca más terrorismo de Estado”, la campaña pretende suscitar una reforma de valor constitucional contra la normativa, para lo cual deberá reunir 251 mil 800 rúbricas, el 10 por ciento del padrón electoral.

La fecha límite para presentar las firmas ante la Corte Electoral es el 30 de abril del próximo año, pero miembros de la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad han expresado su seguridad en que antes de ese día sobrepasarán aquella cifra.

Hasta el momento van por unas 70 mil, y la resolución del FA constituirá un indudable apoyo a este nuevo reclamo de justicia para los más de 200 desaparecidos bajo la dictadura militar y sus familiares.

Tras la caída de la dictadura, el Parlamento uruguayo aprobó en 1986 la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, con los votos de legisladores de los partidos Blanco y Colorado, conservadores, y la oposición del Frente Amplio.

Los uruguayos, empero, no renuncian a la intención de juzgar a los responsables de secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, ocultamientos de cadáveres y otros crímenes durante aquella etapa de la historia nacional.

Fuente: Prensa latina

Publicado: 7 de abril de 2008