Blixen, S. Un fantasma que perdió la sábana.

Por Samuel Blixen.

El secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, sabía lo que hacía cuando, sin venir a cuento, al comentar la postura de la Presidencia sobre la investigación judicial de casos anteriores a la ley de caducidad, deslizó su opinión personal de que tales delitos prescribieron por el paso del tiempo.

Un mes más tarde, el recurso de la prescripción se convierte en el arma principal del comandante del Ejército, Ángel Bertolotti, para “luchar contra el quiebre institucional”, cuando la fuerza a su mando permanece en un estado de asamblea permanente debatiendo si se desacata o no, al ritmo que imponen un puñado de oficiales retirados que deberán concurrir ante un juez penal por la desaparición de María Claudia García de Gelman.

La prescripción de la pena fue el argumento con el que Bertolotti pretendió desactivar la crisis interna en su arma desde que el coronel retirado José Gavazzo anunció que se resistiría con las armas ante una citación judicial. En una reunión en el Comando General del Ejército, el miércoles 20, que duró casi tres horas y a la que concurrieron los generales en actividad –a excepción de Juan Córdoba, removido del mando del I Cuerpo de Ejército después de haber propuesto refugio en unidades militares para los citados– y siete oficiales retirados (Eduardo Rama, Jorge Silveira, Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Juan Antonio Rodríguez Buratti, y Héctor Taramasco), Bertolotti admitió que no podía asegurar que no se concretaría ningún encarcelamiento, pero adelantó su confianza de que los jueces aplicarían el criterio de la prescripción. En un encuentro paralelo, en el mismo Comando del Ejército, Bertolotti se entrevistó con los oficiales de Coraceros José Sande y Ricardo Medina, también emplazados en el caso Gelman, quienes por su condición de policías no fueron invitados a la reunión con los generales.

En la estrategia del comandante del Ejército contra la amenaza de “quiebre institucional” juega un rol operativo fundamental la aparición de los restos de María Claudia. Tal como explicó Bertolotti, si los oficiales involucrados en la desaparición de la joven argentina revelan el lugar donde fueron finalmente enterrados los restos, entonces es posible que la desaparición forzada –que a los efectos del Código Penal implica el delito de privación de libertad– pueda transformarse en homicidio, y como tal se confirmaría la prescripción por el paso del tiempo, con lo que se eludiría la cárcel para los responsables.

Bertolotti no pudo dar mayores seguridades, y sólo se comprometió a que la fuerza daría todo el respaldo legal que necesitaran los implicados, de la misma forma que promovería, ante la Presidencia, la iniciativa de que los eventuales procesados pudieran cumplir sus penas de penitenciaría en unidades militares o en otros establecimientos que dieran garantías a los reclusos. Bertolotti concluyó su exposición inicial instando a los oficiales retirados a que concurrieran a los juzgados si son citados por la justicia.

Algunos de los oficiales presentes no ocultaron su descontento. Gavazzo, según los trascendidos de prensa, expuso su convicción de que, aunque él personalmente no estuvo involucrado en la desaparición de María Claudia, igual terminaría preso. Otros oficiales habrían planteado la posibilidad de negociar la información sobre el destino final de los desaparecidos a cambio de inmunidad, tal como se negoció, en su momento, en Chile, pero Bertolotti habría descartado esa posibilidad.

La información sobre el paradero de los restos de María Claudia se convirtió así en la única alternativa para una superación de la crisis. Por ello, Bertolotti ofreció un plazo perentorio hasta el lunes 25 para que los oficiales aporten la información a los dos generales, Pedro Barneix y Carlos Díaz, que llevan adelante la investigación interna sobre los desaparecidos y cuyo informe deberá ser entregado a la Presidencia el 8 de agosto.

Al término de la reunión, algunos de los oficiales retirados manifestaron su descontento con Bertolotti y confesaron su convicción de que no les quedaba más remedio que aceptar el ultimátum y concurrir a los juzgados. Sin embargo, las citaciones, que en un principio se dijo que serían cursadas por el juez Gustavo Mirabal inmediatamente después de finalizada la feria judicial menor, quedarían postergadas hasta que se concrete una previa visita del magistrado a los predios del Batallón 13. Mirabal, que entiende en la causa de la desaparición de María Claudia, pretende inspeccionar el lugar donde fueron confirmadas las tumbas, después de haber recibido los informes y las fotos sobre el hallazgo de restos óseos. Las citaciones podrían coincidir con la entrega del informe militar sobre la investigación interna en el Ejército.

De alguna manera el caso Gelman se ha convertido en el punto de inflexión sobre la cuestión de los derechos humanos, como si su resolución respecto del paradero de los restos y el eventual procesamiento de los responsables diera por concluidas todas las otras instancias. El general Bertolotti aseguraba a los oficiales retirados que la obtención de la información facilitaba la superación de la crisis, aunque es difícil de entender cómo ello podría incidir en otras causas judiciales, como la de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz o la desaparición de la maestra Elena Quinteros.

LA PRESIÓN DEL COMANDANTE. De hecho, todas las apreciaciones del comandante del Ejército en los últimos días son inequívocas señales para los magistrados. Bertolotti asegura su “convicción” de que los casos que no están comprendidos en los beneficios de la ley de caducidad, automáticamente estarían prescritos. También, refiriéndose a los pedidos de extradición formulados por jueces de otros países, Bertolotti afirmó que no se admitirá “intromisión extranjera”. ¿Qué significan tales afirmaciones? Actualmente hay un pedido de extradición de la justicia chilena de tres militares uruguayos involucrados en el asesinato de Eugenio Berríos (véase página 5). La extradición fue otorgada por un juez penal y ratificada por un tribunal de apelaciones. ¿Cómo piensa el comandante combatir la intromisión extranjera?

El gobierno, por intermedio del subsecretario de Defensa, José Bayardi, ha aclarado que no interferirá en los trámites de extradición, y también ha reiterado que la cuestión de la prescripción de las penas es un asunto de resorte interno de la justicia. Tal prescripción implica investigar y para ello hay que interrogar, citar. Y después habrá que evaluar el carácter de los crímenes investigados, porque algunos, especialmente aberrantes, extienden el plazo para la prescripción, de 20 a 28 años. Quizás Bertolotti (no así los responsables del crimen, que saben exactamente dónde estan parados, y por eso se resisten) no tuvo en cuenta que el secuestro, la desaparición y el asesinato de María Claudia a los solos efectos de robarle su hija, es uno de esos crímenes aberrantes. Y aun más: los jueces pueden considerar que los casos que investigan son imprescriptibles, según los tratados internacionales ratificados por Uruguay si se trata de crímenes de lesa humanidad, como lo son aquellos cometidos en función de la aplicación del terrorismo de Estado.

De modo que Bertolotti está, simplemente, ejerciendo presión sobre los jueces. No es poca cosa que el comandante de la fuerza militar más poderosa interfiera en el criterio de los magistrados comunicando abiertamente sus expectativas y opiniones. Es cierto que el gobierno no comparte algunas de las conclusiones del pensamiento de Bertolotti, pero nadie le ha puesto coto a sus afirmaciones públicas. El propio comandante ha explicado que defiende la subordinación al mando civil, pero no renuncia a expresar los “intereses corporativos”.

UNA AMENAZA QUE NO ASUSTA. Lo más grave de sus afirmaciones públicas se refiere al comentario de que “estamos luchando contra el quiebre institucional”. Ello implica instalar en la ciudadanía la sensación de que se trata de una lucha en la que, claro, el comandante está decidido a preservar la Constitución, pero cuya resolución se prolonga en el tiempo. Queda flotando una sensación de inseguridad: la indefinición mantiene latente la amenaza, mientras se publicitan alternativas de “solución” o se sugieren vías de acción a los jueces. Simultáneamente, la usina de trascendidos especula con “pactos” y “acuerdos” para “acotar” las consecuencias de los procesos en curso.

La amenaza de quiebre institucional debería ser cortada de raíz. A diferencia de octubre-diciembre de 1986, cuando el comandante Hugo Medina guardó las citaciones judiciales en la caja fuerte del Comando, hoy Bertolotti “exhorta” a los oficiales retirados a concurrir ante los magistrados. Veinte años después de la reinstitucionalización, el sometimiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad a la justicia ordinaria no debería ser objeto de debate.

En cambio, estamos pendientes de lo que resuelva, individualmente, cada uno de los implicados. El lunes se sabrá quién decide concurrir y quién decide resistir. Será entonces el momento para recordar la frase de Bertolotti al coronel Gavazzo: “Entonces te veré en tu velorio”.

Fuente: Brecha