Antiguo oficial del ejército hondureño, miembro del Batallón 3-16, fue el primer ex-militar latinoamericano deportado gracias al programa de deportación del INS. Hernández Lara entró ilegalmente en Estados Unidos desde México en 1989, instalándose en Palm Beach County (Florida). Solicitó asilo político, alegando que su asociación con el Batallón 3-16 lo ponía en peligro en Honduras, pero su solicitud fue finalmente denegada.
El INS lo arrestó en junio de 2000 y en enero del año siguiente un juez ordenó su deportación por su reconocida implicación en el batallón, incluyendo su participación en la tortura de cuatro personas. (Después afirmó que aunque era miembro del batallón, nunca torturó ni mató a nadie, y que había inventado esa historia para apoyar su petición de asilo).
Agentes del INS escoltaron a Hernández Lara de regreso a Honduras, pero él regresó inmediatamente a Estados Unidos, entrando de nuevo ilegalmente desde México. Gracias a un aviso de International Educational Missions, los agentes del INS lo volvieron a arrestar en marzo de 2001. Lo acusaron de violar una ley de 1996 que prohíbe a los deportados entrar de nuevo en el país.
En los últimos meses de 2003, los agentes de inmigración supieron que Lara estaba viviendo de nuevo en Palm Beach County, donde seguía residiendo su esposa: lo arrestaron en abril de 2004.
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