Nelson Herrera Riveros

Nelson Herrera Riveros era comerciante y dirigente del MIR en la zona sur del país, especificamente en la zona de Concepción.

Entre el 23 y el 24 de agosto de 1984 la CNI, se puso en práctica el plan Alfa-Carbón de la agencia gubernamental para desintegrar el MIR, y con agentes enviados desde Santiago, ejecutó una operación destinada a eliminar dirigentes como él, en su región, en Los Ángeles y en Valdivia. Muchos de ellos habían ingresado ilegalmente al país y se encontraban realizando trabajo clandestino. Todos estaban siendo seguidos por agentes de seguridad con anterioridad y por lo mismo éstos tenían claridad absoluta sobre sus actividades.

La investigación por el caso fue iniciada por la justicia militar, pero sobreseída 13 años más tarde. Luego, la Corte Suprema, dejó sin efecto la medida confirmada por la Corte Marcial, reabrió el proceso en 1998 y ordenó someter a proceso a los efectivos de la CNI inculpados en la causa.

En todos los casos se informó públicamente de la existencia de enfrentamientos a consecuencia de los cuales murieron las víctimas. Sin embargo, por los diversos antecedentes reunidos, la Comisión ha llegado a la convicción de que ellas fueron ejecutadas.

Horas más tarde fue interceptado el microbús en donde se desplazaba Nelson Herrera Riveros, en el sector de Lorenzo Arenas de Concepción. El ómnibus venía siendo seguido desde Talcahuano y se le ordenó detenerse en un lugar con gran afluencia de público, frente a la Vega Monumental.

Testigos interrogados por esta Comisión indicaron que no hubo resistencia a la detención por parte de las víctimas, quienes se bajaron desarmadas del microbús y sin rehenes. La autopsia de Nelson Herrera indica que fue muerto posteriormente mediante un disparo en el cráneo a corta distancia y en circunstancias de que ya se encontraba esposado, lo que se desprende de las marcas en sus muñecas.

Todos estos hechos fueron filmados por camarógrafos que utilizaban equipos de Televisión Nacional quienes se encontraban apostados en el sector desde antes que se produjeran los hechos, cosa que igualmente indica que no se trató de un enfrentamiento casual sino de hechos planificados con anticipación.

Con el mérito de las declaraciones de numerosos testigos entrevistados, demás antecedentes reunidos y por lo inverosímil de las versiones oficiales sobre cómo sucedieron los hechos, una Comisión llegó a la Conclusión de que fue ejecutado por agentes estatales, en violación de sus derechos humanos.

Los presuntos involucrados se nombran Claudio Rozas Fernández y Antonio Martínez López.