Todos los acontecimientos demuestran que el actual régimen político de Colombia implementa el terrorismo de estado por métodos legales e ilegales y no está dispuesto ni política, social , ni militarmente a iniciar conversaciones y menos a concretar el intercambio humanitario entre las personas privadas de su libertad como consecuencia del conflicto social y armado colombiano: unas en poder de la insurgencia en selvas y cordilleras : comandantes militares, un coronel, mayores, capitanes, oficiales y suboficiales, una excandidadata presidencial y su asesora, tres agentes estadounidenses, doce diputados del Valle del Cauca, un exgobernador metense, congresistas y un ex ministro de estado(*) , y más de 500 guerrilleros y centenares de presos políticos hacinados y en poder del estado en diferentes cárceles y penitenciarías colombianas y estadounidenses.
La misma esencia del conflicto interno colombiano los caracteriza como prisioneros de guerra, y como tal, objeto de serles aplicadas las normas del DIH para su eventual intercambio humanitario, pero desconocidas por quienes desde las instituciones estatales dicen defenderlas, esta ya es una característica de terrorismo estatal : desconocer los compromisos internacionales, tal como lo hizo Jujimori en el Perú.
Desde cuando el actual neouribista-embajador y expresidente Andrés Pastrana Arango rompió unilateralmente las conversaciones con la insurgencia de las FARC hasta la fecha con Álvaro Uribe Vélez candidato-presidente lo que se ha conocido ha sido el auge del fortalecimiento del terrorismo estatal y la negación sistemática a iniciar conversaciones para concretar el intercambio humanitario ansiado por la mayoría de la población colombiana y por el movimiento popular que es afectado por las acciones estatales y gubernamentales y quien le resiste de diversas maneras.
Cada vez que la población colombiana, las mismas FARC, expresidentes, personalidades democráticas, los mismos retenidos, sus familias y amigos, organizaciones de derechos humanos, gobiernos y parlamentarios extranjeros, académicos, juristas y abogados defensores de derechos humanos nacionales e internacionales se pronuncian demostrando la viabilidad, la vigencia y validez del intercambio humanitario el gobierno coloca palos en la rueda para frenar acuerdos que conduzcan al inicio de estas conversaciones humanitarias, y para no quedar tan mal ante la opinión nacional e internacional y jugando con los sentimientos de los familiares y de los mismos retenidos de parte y parte, emite engañosas declaraciones combinadas con acciones jurídicas lesivas a la justicia y a la soberanía nacional e implementa a la vez operaciones de contundencia militar.
Ejemplos de acciones estatales contra el Intercambio Humanitario:
¿Qué hacer¿ Es bien conocido que el sentimiento nacional mayoritariamente es a favor del acuerdo humanitario, tres cuartas partes, es decir, cerca de 35 millones de colombianos lo quieren, la minoría gubernamental se opone.
En oportunidades pasadas el Gobernador del Valle Angelino Garzón se ha pronunciado también a favor de la desmilitarización de Florida y Pradera para iniciar conversaciones que conduzcan a acuerdos humanitarios que desemboquen en el intercambio de estas personas retenidas por una y otra parte.
En el último Foro Internacional contra la Impunidad y el Olvido, por la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral realizado en Cali a instancias de la Plataforma Interuniversitaria de Derechos Humanos, el CPDH, Andas, la Universidad Santiago de Cali y la Universidad Libre nos pronunciamos a favor del Intercambio Humanitario, además de los nacionales como Jaime Cayzedo, Carlos Lozano Guillén, Angelino Garzón, Jairo Ramírez, Gloria Cuartas, Libardo Orejuela, Iván Cepeda, Lilia Solano, Soraya Gutiérrez, Wilson Borja, el suscrito, entre otros, también sus delegados internacionales de España, Brasil, Representantes del Parlamento Andino, Venezuela quienes en la declaración final coadyuvamos esta propuesta humanitaria.
Los familiares, los mismos retenidos, los presos políticos, todas las organizaciones de derechos humanos, las iglesias, congresistas de estados Unidos, de los Parlamentos Andino y Europeo, gobiernos extranjeros, Municipalidades y ayuntamientos de diversos países europeos, el Comité de Juristas Colombo-Francés por el Intercambio Humanitario, la Oficina de Gestión de Paz y Convivencia del Valle, excomisionados de paz, asesores de paz, premios novel, organizaciones de familiares y víctimas del terrorismo estatal, estudiantes, diputados, congresistas, concejales, mujeres y jóvenes hacen parte de diferentes comités de impulso a los acuerdos humanitarios, entre ellos el canje entre prisioneros de guerra en Colombia.
Defender ahora el intercambio humanitario es también defender la soberanía nacional contra la extradición utilizada por el estado como arma para perseguir y castigar a sus opositores políticos.
Defender el Intercambio humanitario es propiciar la juridicidad que coadyuve en la disminución de la intensidad del conflicto.
Defenderlo es luchar por el rescate de las libertades democráticas conculcadas por el autoritarismo estatal.
Defenderlo es reconocer la existencia de un agudo, complejo y atípico conflicto social y armado en Colombia que obliga a buscarle una solución política negociada.
El Intercambio Humanitario ya es una consigna democrática nacional de defensa a la vida, la integridad y la dignidad de la persona que debe ser jurídicamente estudiada en las facultades de derecho y ciencias políticas en concordancia con el tema de investigación que impulsamos sobre “Crisis Carcelaria, Derechos humanos y Delito Político”.
Fuente:rebelion
Publicado:4 de junio de 2005
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