Esta cronología incluye información desde 1776 (fecha en que se proclamó la independencia del dominio británico de las Trece Colonias Unidas del Norte de América) hasta el año 2005. Aunque, en propiedad, entre 1776 y 1824 (fecha de la batalla de Ayacucho que selló la independencia latinoamericana del colonialismo español), es muy difícil hablar de agresiones norteamericanas contra América Latina y el Caribe, ya que –salvo en la isla Saint-Domingue (inicialmente denominada por Cristóbal Colón: “La Española”— no existían Estados nacionales soberanos en ese continente, decidí comenzar la cronología en la primera de esas fechas por dos razones básicas.
La primera, porque en esa etapa se encuentran las raíces más profundas de las percepciones ideológico-culturales, geopolíticas y geoeconómicas que, en los dos siglos más recientes (1804-2004), han guiado las sucesivas estrategias desplegadas por los grupos dominantes en Estados Unidos contra las naciones independientes o formalmente independientes, así como contra algunos de los territorios sometidos a diversas formas de dominación colonial ubicados al Sur del Río Bravo (o río Grande del Norte) y de la península de Florida.
Y, en segundo, porque entre 1790 y 1824, la posición “neutral” adoptada por sucesivas administraciones estadounidenses frente a la luchas por la independencia de América Latina y de las Antillas Mayores (en particular, en la isla La Española y los archipiélagos cubano y puertorriqueño), favorecieron el empleo del actualmente denominado “terrorismo de Estado” por parte de Francia y de la monarquía española. Así se demostró durante la Revolución Haitiana de 1791 a 1804 (fecha en que se fundó la primera República gobernada por ex esclavos y libertos, negros y mestizos, del mundo) y durante las luchas por la independencia de América Latina frente al colonialismo español iniciadas en 1806 –luego de una prolongada y complicada preparación— por Francisco de Miranda, justamente considerado como el Precursor de la independencia de las naciones que actualmente forman parte de América Latina.
Finalmente, como veremos en las páginas que siguen, para facilitar la comprensión de la información que en ella aparece, esta cronología se dividirá en varias etapas generalmente identificadas con los diferentes enunciados político-ideológicos que han guiado las estrategias de los grupos dominantes de Estados Unidos contra América Latina y el Caribe. No obstante, es necesario advertir que algunos de esos enunciados han tenido y tienen una perdurabilidad que trasciende el momento histórico en que se incorporaron a la retórica de la política hemisférica de los grupos dominantes y de las autoridades estadounidenses. Asimismo que, en ciertas circunstancias históricas, el terrorismo de Estado fue utilizado por los imperios europeos (España, Francia, Holanda, Portugal y el Reino Unido) o por sectores de las clases dominantes del Hemisferio Occidental sin que necesariamente participaran los grupos dominantes en Estados Unidos.
1776: El 4 de julio, los representantes de las Trece Colonias Unidas de Norteamérica proclamaron su independencia de Gran Bretaña. Tres meses después, los Padres Fundadores (Founding Fathers) de esa naciente “república pigmea” la bautizaron con el nombre de Estados Unidos de América: acto con el que, pese al limitado tamaño de su territorio original (aproximadamente el 5% del territorio de todo el continente americano), usurparon el nombre con el que –a comienzos del siglo XVI— se había identificado el entonces llamado “Nuevo Mundo”.
1786: Sólo tres años después que, mediante el Tratado de París de 1783, el Imperio británico reconociera la independencia de Estados Unidos de América, uno de sus más prominentes Padres Fundadores, Thomas Jefferson, sentenció: “Nuestra Confederación debe ser considerada como el nido desde el cual toda América, así la del Norte como la del Sur, habrá de ser poblada. Más cuidémonos (...) de creer que interesa a este gran Continente expulsar a los españoles. Por el momento aquellos países se encuentran en las mejores manos, y sólo temo que éstas resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo”.
1788: Otro de los Padres Fundadores de los Estados Unidos de América, Alexander Hamilton, expresó: “Podemos esperar que dentro de poco tiempo nos convirtamos en los árbitros de Europa en América, pudiendo inclinar la balanza de las luchas europeas, en esta parte del mundo, de acuerdo con lo que dicten nuestros intereses (...) Dejad a los trece Estados ligados por una firme e indisoluble unión, tomar parte en la creación de un Gran Sistema Americano, superior a todas las fuerzas e influencias trasatlánticas y capaz de dictar los términos de las relaciones que se establezcan entre el viejo y el nuevo mundo”.
1791: En lo que podríamos considerar la primera “agresión directa” contra América Latina y el Caribe, el entonces Presidente estadounidense George Washington (1789-1797) apoyó financieramente a la administración colonial francesa sobre la isla originalmente denominada por sus aborígenes Haití o Quisqueya (rebautizada por Cristóbal Colón con el nombre de La Española), sin lo cual la estructura burocrática-militar de la monarquía constitucional francesa surgida de la Revolución de 1789 no habría podido sostenerse durante los primeros meses de la revolución antiesclavista e independentista haitiana capitaneada, primero, por Vicent Ogé y, a partir de 1794, por el célebre general negro Toussaint Louverture.
1801: El ya Presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson (1801-1809), indicó: “Aunque nuestros actuales intereses nos restrinjan dentro de nuestros límites, es imposible dejar de prever lo que vendrá cuando nuestra rápida multiplicación se extienda más allá de dichos límites, hasta cubrir por entero el Continente del Norte, si no es que también el del Sur, con gente hablando el mismo idioma, gobernada en forma similar y con leyes similares...”.
1802: Fiel a sus posiciones político-ideológicas y a sus inclinaciones favorables a Francia, alarmado por el “peligro” que significaban los avances de la Revolución Haitiana para el orden esclavista existente en Estados Unidos y desconociendo los acuerdos firmados por su país en 1789 con Toussaint Lovertour, el presidente Thomas Jefferson le otorgó su “apoyo tácito” a la poderosa expedición militar organizada por Napoleón Bonaparte con vistas a tratar de reconquistar y restablecer la esclavitud en Saint-Domingue. Aunque dado el interés de los grupos dominantes en Estados Unidos en arrebatarle a Francia el territorio de Luisiana, Jefferson modificó esa posición, mantuvo su silencio cómplice frente al régimen de terror instaurado en la antes mencionada isla caribeña, primero, por el general francés Charles Leclerc y, luego de su muerte, por el también general galo Donatien Rochambeau. Como resultado de esas y otras acciones precedentes se calcula que, en una década, perdieron la vida más de 100 mil esclavos y libertos haitianos.
1804: El ex presidente norteamericano, John Adams (1797-1801) expresó: “...la gente de Kentucky está llena de ansias de empresa y aunque no es pobre, siente la misma avidez de saqueo que dominó a los romanos en sus mejores tiempos. México centellea ante nuestros ojos. Lo único que esperamos es ser dueños del mundo”.
Consecuentes con esa idea y con diferentes pretextos, en los años sucesivos tropas y navíos de guerra estadounidenses comenzaron a incursionar en el territorio de la Florida occidental y de Nueva España, así como en las aguas del Golfo de México: todavía bajo el dominio de España.
Paralelamente, y siguiendo las reaccionarias actitudes de los gobiernos de Dinamarca, España Francia, Holanda e Inglaterra, el presidente estadounidense Thomas Jefferson negó su reconocimiento a la independencia de Haití (1ro de enero de 1804) y a la fundación de la primera república gobernada por esclavos y libertos negros y mestizos del mundo, así como, por ende, al gobierno de Jean Jacques Dessalines (1804-1806), quien había sustituido a Toussaint Louverture luego de su muerte, el 7 de abril de 1803, en una cárcel francesa. A pesar del intenso comercio existente con esa isla, de que Francia reconoció la independencia de Haití en 1825 y que el Imperio británico lo hizo en 1839, esa retardataria conducta oficial estadounidense se mantuvo hasta 1862.
1805: A pesar de las gestiones diplomáticas realizadas por el gobierno de Haití con vistas a lograr su reconocimiento por parte de Estados Unidos, el Secretario de Estados norteamericano, James Madison, coincidió con el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Charles Talleyrand, en que: “La existencia de un pueblo negro en armas, (…) es un espectáculo horrible para todas las naciones blancas”.
1806: Sumándose a la política de bloqueo contra la Revolución Haitiana desplegada por las principales potencias imperiales europeas, el Presidente estadounidense Thomas Jefferson prohibió el comercio norteamericano con esa isla caribeña.
Asimismo, en contraste con la positiva actitud que había asumido el presidente haitiano Jean Jacques Dessalines (1804-1806), el antes mencionado mandatario estadounidense negó su apoyo oficial al Precursor de la Independencia Latinoamericana, Francisco de Miranda. Esto a pesar de la ayuda que Miranda le había prestado a la lucha por la independencia de las Trece Colonias Unidas de Norteamérica y de su amistad personal con algunos de los Padres Fundadores de Estados Unidos, cual era el caso del ya desaparecido Alexander Hamilton. En consecuencia, Miranda tuvo que acudir a lo que algunos historiadores definen como “la ayuda desinteresada de William Smith (inspector de la Aduana de Nueva York) y a la muy calculada (ayuda) de Samuel Odgen” para adquirir –pagando altos intereses— una nave de guerra –el Leander— y reclutar a la tripulación que, luego de diversas peripecias, lo llevó a desembarcar el 3 de agosto de 1806 en Vela de Coro, sobre la costa oeste del actual territorio de Venezuela, y a proclamar –por primera vez desde Tierra Firme— el inicio de la lucha por la independencia de “la América colombiana” frente al coloniaje español.
Fiel al criterio expresado en 1786, Jefferson reiteró que “no veía con mucho entusiasmo” la idea de la emancipación de los pueblos de la América Meridional del dominio colonial español. Adicionalmente, sobre la base de la estrategia trazada por el ex presidente Adams y cumpliendo órdenes del general James Wilkinson, tropas norteamericanas ocuparon el nacimiento del Río Grande, todavía bajo soberanía española. Fueron capturados y devueltos al territorio estadounidense.
1807: Manteniendo su estrategia contra la Revolución Haitiana, el presidente Thomas Jefferson renovó su “embargo” económico contra el gobierno haitiano entonces presidido por el general independentista Henri Christophe (1763-1820). Esa política –junto a las posturas similares de las potencias imperiales europeas y a las profundas contradicciones socio-políticas y socio-raciales existentes en Haití— propició que se produjera la división de esa recién liberada isla caribeña en una república (ubicada en el Sur) y en una monarquía (ubicada en el Norte). La primera fue presidida por Alexandre Petion y la segunda por Henri Christophe.
1809: Siguiendo el precedente de la compra del extenso territorio de Luisiana (1803), Thomas Jefferson le sugirió a su sucesor, James Madison (1809-1817), que le solicitara al entonces Emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, la entrega de la isla de Cuba y del territorio de Florida oriental y occidental (entonces en poder de España) a Estados Unidos a cambio de su neutralidad frente a las multiformes resistencias a la dominación francesa que se expresaban en la península ibérica, así como entre sus “súbditos” americanos. Paralelamente y siguiendo la política precedente, Madison renovó el “embargo” económico de su país contra los antes mencionados gobiernos haitianos.
1811: En medio de la difícil situación por la que atravesaba España y luego de la ocupación por la fuerza del territorio de Florida occidental, el Congreso estadounidense proclamó la llamada Resolución de No Transferencia. Esta establecía que Estados Unidos no podría ver “sin seria inquietud” que parte alguna del territorio de Florida pasara “a manos de una potencia extranjera” diferente a España. Acto seguido, el presidente James Madison instruyó al general George Mathews (Comandante de las tropas que ocuparon la parte occidental de Florida) que soliviantara a la población de Florida oriental con vistas a que proclamara su independencia de España y se uniera a Estados Unidos.
1812: Consecuente con ese criterio, el general George Mathews ocupó la Isla Amelia y otros territorios de Florida oriental; pero fueron tan “irregulares” sus métodos que el presidente Madison se vio obligado a desautorizarlos.
Por otra parte, el agente especial de Estados Unidos en Chile, Joel Poinsett –calificado por algunos historiadores como uno de los “primeros espías estadounidenses en América Latina”— se involucró en los asuntos internos chilenos, por lo que los sectores de la Junta Patriótica opuestos al gobierno de José Miguel Carrera (1811-1813) exigieron su expulsión del territorio chileno. Con el posterior nombramiento del Libertador de Chile, Bernardo O’Higgins, como jefe de esa Junta, Poinsett fue declarado persona non grata y tuvo que retornar a Estados Unidos.
1814: Regresó al trono de España Fernando VII; quien derogó la Constitución liberal de 1912 y emprendió diversos esfuerzos para reconquistar, a sangre y fuego, las posesiones españolas en el Nuevo Mundo.
A pesar de la brutalidad que acompañó esa reconquista y los métodos terroristas contra la población civil criolla empleados por las tropas españolas, el presidente James Madison le ofreció garantías a esa reaccionaria monarquía de que su gobierno mantendría una posición “neutral” frente a las luchas por la independencia que ya se desarrollaban en casi toda sus posesiones americanas. En consecuencia, Madison dictó una Ley que prohibió involucrarse en ninguna empresa (entiéndase, en ninguna empresa vinculada a las luchas por la independencia de la también llamada América Meridional) contra España.
También instó a los ciudadanos estadounidenses a entregar a la justicia a “los delincuentes” que violasen esa disposición.
1815: Acusado de violar las Leyes de Neutralidad de Estados Unidos, fue encarcelado en ese país el coronel Martín Thompson, quien había viajado a Washington –capital federal— en demanda de ayuda para las luchas por la independencia frente a España que se desarrollaban en las entonces denominadas Provincias Unidas del Río de la Plata.
Paralelamente, luego de la derrota de la Segunda República de Venezuela, el Libertador Simón Bolívar redactó su célebre Carta de Jamaica en la cual –para disgusto de los grupos expansionistas de Estados Unidos— declaró su propósito de continuar luchando por la independencia de la América Meridional y su sueño de “ver formar en (esa) América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria”.
1816: Con la persistente “neutralidad” del gobierno de Estados Unidos y gracias al desinteresado apoyo del presidente de Haití, Alexandre Pétion, (quien colocó como única condición la emancipación de los esclavos en los territorios latinoamericanos que fueran liberados del dominio español), Simón Bolívar pudo organizar en territorio haitiano las dos expediciones militares con las que iniciaría la última etapa de la lucha por la independencia del Norte de América del Sur.
Paralelamente, luego de proclamar la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón nombró al general José de San Martín, jefe del Ejército de los Andes. Luego de cruzar la cordillera andina en dirección a Chile, este ejército venció a los realistas españoles en la batalla de Chacabuco, entró en Santiago de Chile y nombró a Bernardo O'Higgins como Director Supremo de la recién surgido República.
A su vez, en México –pese al fusilamiento del sacerdote independentista José María Morelos (22 de diciembre de 1815) y de las derrotadas sufridas por las fuerzas independentistas el año precedente, el general Vicente Guerrero continuó la lucha que lo transformó en uno de los principales líderes de la lucha por la independencia del llamado virreinato de Nueva España, del que dependía la Audiencia de Guatemala. Esta se extendía desde Chiapas hasta el actual territorio de Costa Rica.
1817: Pese a los significativos avances que ya se registraban en las luchas por la independencia de América Latina del dominio español, el presidente estadounidense James Madison ratificó el Acta de Neutralidad que prohibía la provisión de armamentos o la preparación de expediciones en apoyo a las fuerzas latinoamericanas. En contraste, el gobierno estadounidense mantuvo abierto sus puertos y territorios al comercio con la Monarquía española.
Por otra parte, siguiendo órdenes del nuevo presidente James Monroe (1817-1825), fue encarcelado Manuel Hermenegildo de Aguirre, quien estaba en Estados Unidos gestionando el reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas del Río de Plata.
Paralelamente, acusándolos de “contrabandistas, aventureros y piratas”, las fuerzas armadas estadounidenses desalojaron de la isla Amelia (posesión española colocada frente a la península de Florida) a un destacamento al mando del capitán Luis Aury, quien la había ocupado en nombre de los luchadores por la independencia de Venezuela y Nueva Granada (Colombia).
1818: Para facilitar sus negociaciones con España en torno a la compra-venta de Florida occidental y oriental, James Monroe promulgó otra ley de “neutralidad” (siempre favorable a España) que castigaba con severas penas cualquier intento que se realizara en el territorio estadounidense para apoyar las luchas independentistas latinoamericanas.
Al mismo tiempo, dos barcos norteamericanos –el Tiger y el Liberty--, violando conscientemente el bloqueo establecido en el Río Orinoco por las fuerzas patrióticas comandadas por Simón Bolívar, trataron de entregarle un cargamento de armas a las fuerzas realistas españolas dislocadas en la región. Fueron capturados y, en un combate posterior, hundidos para evitar que las armas que portaban “cayeran en poder de los españoles”. En respuesta, el gobierno estadounidense envió a Angostura –lugar donde estaba el mando central de las fuerzas libertadoras— al político de Baltimore, Baptis Irvin; quien –como un vulgar “cobrador de deudas”— inició un ácido y ofensivo intercambio de cartas con Bolívar reclamándole una indemnización por la destrucción de ambos barcos. Tal demanda fue terminantemente rechazada por El Libertador.
1819: Luego de participar como invitado en el Congreso de Angostura (15 de febrero) en el que –bajo el liderazgo político y militar de Simón Bolívar— se fundó la Tercera República de Venezuela, Baptist Irvin regresó a Estados Unidos; donde calificó a Bolívar como “general charlatán y político truhán”.
Acto seguido, el gobierno estadounidense envió al entonces Teniente (y futuro Comodoro) de la Marina de Guerra norteamericana Matthew Calbraith Perry (1794-1858), a exigirle al gobierno de la República de Venezuela el pago de la indemnización por el hundimiento de los navíos Tiger y Liberty. Sus demandas fueron finalmente satisfechas por el entonces vicepresidente de Venezuela, Francisco Antonio Zea; capitulación que fue calificada por Simón Bolívar como “un acto humillante de debilidad”. Simultáneamente, y dándole continuidad a las acciones que habían desarrollado en el año precedente, trescientos aventureros estadounidenses invaden el territorio de Tejas (Nueva España) con el propósito de declarar su independencia del dominio español y anexarlo a Estados Unidos; pero estos fueron derrotados.
1820: El entonces speaker (vocero) de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y destacado dirigente del Partido Republicano Nacionalista, Henry Clay, urgió el reconocimiento de los Estados latinoamericanos ya independizados de España. En sus argumentos Clay reiteró sus intenciones: “Seamos real y verdaderamente americanos; coloquémonos a la cabeza de un nuevo Sistema Americano (...) del que seríamos el centro. Toda América obrará de acuerdo con nosotros (...) Podemos con toda seguridad confiar en el espíritu de nuestros comerciantes. Los metales preciosos están en América del Sur (...) Nuestra navegación reportará los beneficios del transporte y nuestro país recibirá los beneficios mercantiles...”. No obstante, Clay, al igual que otros congresistas estadounidenses, mantuvo su hostilidad hacia los gobiernos herederos de la Revolución Haitiana.
1821: El Congreso estadounidense ratificó el Tratado Adams-Onís (en referencia al secretario de Estado John Quincy Adams y al representante español en Washington, Luis de Onís) de 1819 por medio del cual España reconoció el dominio estadounidense sobre Florida occidental y le vendió Florida oriental. Asimismo, aceptó las reclamaciones oficiales estadounidenses sobre la zona meridional de Alabama y Mississippi, con lo cual se definió por primera vez el límite occidental de Luisiana. Lo anterior posibilitó que la Casa Blanca cambiara su política oportunista –“neutralidad favorable a España”— hacia las luchas por la independencia de América Latina frente al dominio español; también creó las condiciones para que los sectores expansionistas y esclavistas del Sur de Estados Unidos continuaran sus planes para apoderarse del territorio de México.
Así, el efímero Emperador y primer mandatario de ese recién fundado país (obtuvo su independencia de España en julio de 1821), Agustín de Iturbide, tuvo que enfrentar una nueva expedición de filibusteros estadounidenses que había incursionado en Tejas.
1822: La Casa Blanca comenzó el proceso de reconocimiento de la independencia de diversos estados latinoamericanos. Sin embargo, mantuvo su “embargo” contra Haití y, consecuente con su llamada “teoría de la fruta madura” (según la cual las “fuerzas de gravedad política”, más tarde a temprano determinarían que Cuba cayera en manos estadounidenses), el entonces secretario de Estado, John Quincy Adams, impulsó un pacto con Inglaterra y Francia dirigido a evitar la independencia de esa isla y de Puerto Rico del dominio colonial ibérico.
Previamente, habían sido derrotados por las tropas españolas los intentos de los mercenarios Docoudray Holstein y Baptist Irvine –contratados por el gobierno de Estados Unidos— para establecer, bajo su control, una “República boricua” en Puerto Rico. Adicionalmente, fuerzas navales estadounidenses habían desembarcado en el noroeste de Cuba con el pretexto de destruir un grupo de piratas que habían recalado en esa isla.
1823: Generalizando a toda América Latina los enunciados de la ya mencionada Acta de No Transferencia de 1811, el presidente James Monroe proclamó las ideas expansionistas que posteriormente serían denominadas como “Doctrina Monroe”: “América para los (norte)americanos”.
Según algunos de sus exegetas, la teoría y la práctica de ese anunciado, contenía las siguientes afirmaciones positivas: Estados Unidos no consienten que naciones europeas adquieran territorios en América; ni que realicen acto alguno del que se pueda derivar esa adquisición; tampoco consienten que una nación europea obligue a otra de América a cambiar su forma de gobierno, ni tolera que una colonia europea sea transferida por su Metrópoli a otra potencia europea.
Asimismo, propugnó las siguientes afirmaciones negativas: Estados Unidos no hacen materia de pacto (con ninguna potencia europea, ni con ningún gobierno latinoamericano) los principios que envuelven la Doctrina Monroe; sin embargo, acepta la legitimidad de las colonias europeas existentes en América Latina y el Caribe antes de ser proclamada. Tampoco se aplica a la lucha de una colonia contra su Metrópoli.
Adicionalmente, Estados Unidos no interviene en demostraciones puramente punitivas que hagan los gobiernos europeos contra naciones americanas, con tal de que esos actos no se deriven la ocupación de territorio; mucho menos, en caso de guerras entre naciones americanas. En tal caso, el gobierno norteamericano no se opondrá a que una nación europea sea árbitro en una cuestión entre naciones americanas.
Cualquiera que sean los juicios que merezca ese análisis, lo cierto fue que en las consultas que antecedieron al discurso al respecto pronunciado el 2 de diciembre de 1823 por el presidente Monroe, el ex presidente Thomas Jefferson reiteró: “Yo confieso, con toda sinceridad, que siempre consideré a Cuba como la adición más interesante que pudiera hacerse a nuestro sistema de Estados. El control que con la Florida nos daría esa isla sobre el Golfo de México y los países del istmo contiguo [Centroamérica], así como [sobre] las tierras cuyas aguas desembocan en el Golfo, asegurarán completamente nuestra seguridad continental”.
A su vez, el Secretario de Estado John Quincy Adams, señaló que, por su ubicación geográfica, Cuba y Puerto Rico constituían “apéndices naturales” de Estados Unidos.
1824: Consecuente con los criterios del Secretario de Estado John Quincy Adams, unidades de la marina de guerra estadounidense (desconociendo a las autoridades españolas, desembarcaron varias veces en Cuba y Puerto Rico con el pretexto de destruir las “bases de piratas” enclavadas en esos territorios, así como de “reparar [los] insultos [que estos habían] inferido a Oficiales y a la bandera estadounidenses”.
1825: Siguiendo instrucciones del entonces presidente John Quincy Adams (1825-1829) y con el apoyo de las logias masónicas de Nueva York, el ahora representante de Estados Unidos en México, Joel Poinsett, organizó el llamado “partido americano” (también conocidos como “los yorquinos”) dirigido a agrupar a todos los mexicanos partidarios del Sistema Americano propugnado por el entonces Secretario de Estado Henry Clay.
Igualmente, mediante una operación conjunta, unidades navales estadounidenses y británicas desembarcaron en Sagua la Grande, Cuba, con el propósito de capturar navíos piratas.
Paralelamente, navíos militares estadounidenses interfirieron en la guerra que se desarrollaba entre el imperio de Brasil y el gobierno de Buenos Aires por el control de la llamada Banda Oriental del Río de la Plata (Uruguay). El objetivo de esa acción fue liberar a los buques mercantes estadounidenses que habían violado el bloqueo impuesto por Brasil a las costas del actual territorio de Argentina.
1826: Barcos estadounidenses introdujeron armas de contrabando dirigidas a los realistas españoles que aún conspiraban contra la independencia de la Gran Colombia, integrada, a instancias del Libertador Simón Bolívar, por los actuales territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá.
Paralelamente, contra la voluntad de Bolívar y de manera tardía, el gobierno norteamericano decidió enviar una delegación al Congreso Anfictiónico de Panamá convocado por el Libertador con el propósito de edificar una Confederación de Estados Latinoamericanos. El Secretario de Estado, Henry Clay, instruyó a los integrantes de esa delegación a que se opusieran a cualquier resolución que propugnara esa Confederación y, sobre todo, que respaldara los planes de los gobiernos de la Gran Colombia y de México de organizar –con el apoyo de los independentistas de esas islas— una expedición militar para liberar a Cuba y Puerto Rico del dominio colonial español. Igualmente, a cualquier acción dirigida a incorporar a Haití a la mencionada Confederación de Estados Latinoamericanos; asunto que, previamente, había sido rechazado por Bolívar. Sin embargo, uno sólo de los delegados estadounidenses llegó a Panamá (el otro murió en el camino) cuando el Congreso Anfictiónico ya había concluido.
Por otra parte, el aventurero estadounidense Hieden Edwards se apoderó ilegalmente de un pedazo del territorio de Tejas y proclamó la “República de Fredonia”. Esta fue derrotada por las autoridades mexicanas.
1827: Joel Poinsett, con el respaldo de “los yorquinos”, aceleró sus acciones para controlar el gobierno mexicano. Ante la vacilante actitud del presidente Guadalupe Victoria (1822-1828), estalló una insurrección nacionalista encabezada por Manuel Montaño y Nicolás Bravo. Esta fue violentamente derrotada.
Paralelamente, los representantes estadounidenses en Lima estimularon de manera sibilina una conspiración dirigida a asesinar al Libertador Simón Bolívar.
1828: La Casa Blanca respaldó las aspiraciones presidenciales del general “yorquista” Vicente Guerrero. No obstante, resultó electo su oponente, Manuel Gómez Pedraza. En respuesta –estimulado por Joel Poinsett— el general Antonio López de Santa Anna se sublevó en Veracruz. Ante su inminente derrota acudieron en su apoyo los generales Zavala, Lobato y Guerrero. Estos lograron la derrota del gobierno de Guadalupe Victoria, así como el asilo de Gómez Pedraza.
Lo anterior, dio inicio a un intenso período de inestabilidad política –la llamada “Era de Santa Anna” (1829-1855)— que facilitó los planes expansionistas de los Estados Unidos contra México.
1829: El representante de los Estados Unidos en Bogotá, general William Henry Harrison, fue declarado persona no grata por el gobierno de la Gran Colombia a causa de sus vinculaciones con un complot dirigido a derrocar a las autoridades de ese país. Como fruto de ese complot, fue asesinado mientras se dirigía a controlar una insurrección separatista en Ecuador, el Lugarteniente de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, y, un año después, tal como deseaban los grupos expansionistas estadounidenses, se produjo la disgregación de la Gran Colombia.
Conocedor de esas tentativas, el Libertador Simón Bolívar expresó en su conocida carta de Guayaquil: “Los Estados Unidos (…) parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias en nombre de la Libertad”.
1831: En respuesta a una resolución del presidente mexicano Anastasio de Bustamante (1830-1832) imponiendo nuevos impuestos a los productos que ingresaran al territorio de Tejas, los colonos estadounidenses –apoyados por tres goletas militares de su país— iniciaron una insurrección contra las autoridades aztecas.
Por otra parte, un buque de guerra estadounidense desalojó a las autoridades de las islas Malvinas como represalia por la captura de tres embarcaciones de su país que habían violado las disposiciones del gobierno de Buenos Aires. Ante las demandas inglesas, el Presidente estadounidense Andrew Jackson (1829-1837) y su Secretario de Estado, Louis McLane (1833-1834), le otorgaron garantías al Imperio británico de que Estados Unidos reconocería los presuntos “derechos soberanos de su S. M. Británica” sobre esas islas pertenecientes al actual territorio argentino.
1832: Al frente de una misión secreta del Presidente norteamericano Andrew Jackson, ingresó en Tejas el ex gobernador de Tennesse, Samuel Houston.
Con ese apoyo, los colonos estadounidenses, encabezados por Stephen Austin, se sumaron a la sublevación del general Antonio López de Santa Anna contra el presidente Anastasio de Bustamante. Tal sublevación fue respaldada por las autoridades de Yucatán, quienes recibieron apoyo militar de los sublevados en Tejas para interceptar las fuerzas leales al gobierno mexicano.
Previamente, había fracasado una conspiración dirigida a anexar Jamaica a los Estados Unidos como respuesta a la decisión del Imperio británico de abolir la esclavitud en todas sus posiciones coloniales en el Mar Caribe.
Igualmente, el gobierno de Nueva Granada (Colombia y Panamá) había derrotado una sublevación que proyectaba la fundación en territorio panameño de una República Anseática, bajo protectorado estadounidense.
1833: Empleando el subterfugio de “proteger los intereses de los Estados Unidos y de otras naciones” durante la guerra civil entre “unionistas” y “federalistas”, efectivos de la Infantería de Marina (marines) norteamericana desembarcaron en Buenos Aires.
Paralelamente, gracias a la ya mencionada ayuda oficial estadounidense, la Armada británica se apoderó ilegalmente de las islas Malvinas y las rebautizó con el nombre de Islas Falkland.
1835: En medio de la guerra civil que, cuatro años más tarde, condujo a la desintegración de la Confederación Peruano-Boliviana y con el pretexto de “proteger los intereses estadounidenses”, la Infantería de Marina ocupó zonas de Lima y del puerto El Callao. De manera intermitente tales actos se prolongaron hasta fines de 1936.
1836: Con el sibilino apoyo de la Casa Blanca, de las tropas estadounidenses encabezadas por el general Gaines, así como de voluntarios reclutados en Nueva York, Pennsylvania y Nueva Orleáns, las espurias autoridades de Tejas proclamaron su independencia de México y solicitaron su anexión a Estados Unidos. Paralelamente, el Imperio británico –desoyendo los enunciados de la Doctrina Monroe— reclamó la formación de una colonia propia en las márgenes del río Belice. Tal territorio luego recibió el nombre de Honduras británica.
1837: A pesar de la acérrima oposición del gobierno mexicano, el Senado de Estados Unidos reconoció la independencia de Tejas y votó los fondos necesarios para acreditar una “representación diplomática” ante ese “país”; acto que fue inmediatamente ejecutado por el presidente Martin Van Buren (1837-1841).
1839: Con el silencio cómplice del gobierno de Estados Unidos y a pesar de las antes referidas afirmaciones de la Doctrina Monroe, el Imperio británico ocupó las islas Roatán, ubicadas frente a las costas hondureñas, entonces pertenecientes a las Provincias Unidas de Centroamérica (integrada, entre 1823 y 1840, por los actuales territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), presididas por el Prócer de la Unidad Centroamericana, Francisco Morazán.
1841: Nuevamente con el silencio cómplice de Estados Unidos, el Imperio británico ocupó el Puerto de San Juan ubicado en la desembocadura del río del propio nombre, bajo la soberanía de la recién fundada República de Nicaragua.
1842: Un escuadrón de la Marina de guerra estadounidense al mando del comodoro T.A.C. Jones ocupó temporalmente la ciudad mexicana de Monterrey, California. También otro destacamento militar ocupó la ciudad de San Diego. Ambos se retiraron al conocer que su país aún no le había declarado “la guerra a México”.
1844: Mientras aún se discutía en el Senado estadounidense la anexión de Tejas, el presidente John Tyler (1841-1845) envió tropas norteamericanas a ese territorio con vistas a “protegerlo” de las autoridades mexicanas.
1845: Sobre la base de los enunciados del “Destino Manifiesto” –sistematizados por primera vez por el publicista estadounidense John L. Sullivan y según el cual la expansión estadounidense hacia el Sur de sus fronteras, no sólo era algo inevitable, sino que respondía a “un mandato divino”— el presidente James Polk (1845-1849), con el respaldo del Congreso, se anexó el territorio de Tejas.
A su vez, siguiendo sus viejas prácticas, la Casa Blanca estimuló a los colonos estadounidenses de California para que organizaran una sublevación contra las autoridades mexicanas.
1846: Tropas estadounidenses al mando del general Taylor, provocaron de manera premeditada un combate con las fuerzas armadas mexicanas dislocadas en el Río Bravo; acción que fue utilizada como pretexto por el presidente Polk, con el respaldo del Congreso, para iniciar una cruenta y desigual “guerra de rapiña” contra su vecino del Sur.
Paralelamente, Estados Unidos firmó con el gobierno de Nueva Granada un tratado mediante el cual este país, se comprometía a garantizar la libre circulación de ciudadanos y mercancías norteamericanas a través del istmo de Panamá. A cambio, el gobierno de Estados Unidos le prometió a su contraparte respetar la soberanía colombiana sobre ese estratégico territorio latinoamericano.
1848: La cruenta victoria militar estadounidense contra México, obligó al gobierno de ese país –entonces presidido por José Joaquín Herrera (1848)—, a firmar el ominoso tratado Guadalupe-Hidalgo, en virtud del cual esa nación fue despojada de 2 263 866 Km², más de la mitad de su territorio original.
Paralelamente, la Casa Blanca estimuló las acciones de los sectores que querían separar al estado de Yucatán (estremecido por una potente sublevación indígena) de México y anexarlo a Estados Unidos. Ante la imposibilidad de lograr ese propósito y frente a las demandas de protección que habían presentado las temerosas autoridades yucatecas a Inglaterra y Francia, el presidente Polk proclamó un nuevo “corolario de la Doctrina Monroe”: Los Estados Unidos no admitirían (aunque así lo deseasen las autoridades de Yucatán) la transferencia de ese estratégico territorio a ninguna potencia europea.
1849: En el contexto de los acuerdos de 1848 con Inglaterra y España (por medio de los cuales Estados Unidos le “compró” a esta última potencia el territorio de Oregón y estableció sus actuales fronteras con Canadá), y en medio de la necesidad de lograr un equilibrio político entre los sectores antiesclavistas del Norte y esclavistas del Sur de Estados Unidos, el presidente Zachary Taylor (1849-1850) publicó una proclama en la que calificó como “criminales en alto grado” a todos los que apoyaran las luchas por la independencia de Cuba frente al colonialismo español, incluidos aquellos que querían anexar esa isla a Estados Unidos.
1850: Sin consultar a los gobiernos centroamericanos, las autoridades del Imperio británico y de Estados Unidos firmaron el Tratado Clayton-Bulwer por medio del cual el gobierno de este último país reconoció “las posesiones británicas” en Centroamérica. Además, ambas potencias se abrogaron el derecho a construir de común acuerdo y bajo protección militar conjunta, un canal que uniera las aguas del Océano Atlántico y Pacífico a través de algún punto del istmo centroamericano o del Istmo de Tehauntepec, ubicado en el Sur de México.
1851: El nuevo presidente de los Estados Unidos Millard Fillmore (1850-1853), reiteró la proclama de su antecesor contra los que pretendían liberar a Cuba del dominio español. Sin embargo, no pudo impedir que una expedición militar capitaneada por el general anexionista de origen venezolano, Narcizo López, y por el coronel estadounidense William Crittenden, desembarcara en el occidente de esa isla. Por consiguiente, la Casa Blanca admitió sin chistar que las autoridades españolas “ajusticiaran” a los 51 sobrevivientes de esa expedición, mayoritariamente integrada por ciudadanos norteamericanos.
1852: La Infantería de Marina de Estados Unidos desembarcó dos veces en Buenos Aires para respaldar las promesas que, desconociendo a las autoridades de ese puerto, les había realizado el general “federalista” insurrecto Justo José de Urquiza, de abrir el sistema fluvial del Río de la Plata (integrado por los ríos Paraná y Uruguay) a la libre navegación de los buques ingleses, franceses y estadounidenses. Esas acciones intervencionistas de Estados Unidos se prolongaron hasta abril de 1853.
1853: Siguiendo los enunciados del “Destino Manifiesto”, el filibustero estadounidense William Walker trató de apoderarse de nuevos territorios de México, pero fue derrotado. No obstante, la Casa Blanca le impuso al débil gobierno azteca de Juan Bautista Cevallos (1853), la venta de otras zonas del país. Mediante esa operación (denominada la “compra de Gadsen”) se establecieron “oficialmente” las actuales fronteras entre México y su poderoso vecino del Norte.
En correspondencia con esos actos, el presidente estadounidense Franklin Pierce (1853-1857) proclamó que las conquistas y la expansión eran compatibles con las instituciones de Estados Unidos e indicó que la adquisición de ciertas posesiones en el Hemisferio Occidental que “aún no estaban bajo la bandera norteamericana, era sumamente importante para la seguridad nacional y quizá esencial (...) para la preservación del comercio y la paz del mundo”.
A la par, fuerzas militares estadounidenses desembarcaron en Nicaragua con la argucia de “proteger la vida y los intereses de ciudadanos estadounidenses durante los disturbios políticos” que afectaban ese país.
1854: Buques de la Marina de guerra estadounidense cañonearon el puerto de San Juan del Norte, Nicaragua, como represalia por las supuestas ofensas infringidas al Ministro [embajador] estadounidense. Al mismo tiempo, la compañía The Accesory Transit Company, perteneciente al acaudalado empresario estadounidense Cornelius Vanderbilt, apoyó “una revolución” contra el presidente nicaragüense Fruto Chamorro (1853-1855) e instaló un gobierno títere, encabezado por Francisco Castellón; pero éste no pudo consolidarse. Para tratar de lograrlo, Vanderbilt, con el silencio cómplice de la Casa Blanca, comenzó a contratar mercenarios (filibusteros) en territorio estadounidense.
1855: Un buque de la Marina de guerra estadounidense atacó a Paraguay para obligar al gobierno nacionalista y popular de Carlos Antonio López (1844-1862) a abrir los ríos Paraná y Paraguay a la “libre navegación” de embarcaciones y mercancías norteamericanas; pero tuvo que retirarse ante la enérgica respuesta de las autoridades de ese país suramericano.
Paralelamente, la Infantería de Marina de Estados Unidos desembarcó en Montevideo, Uruguay, para “proteger los intereses estadounidenses durante” los conflictos civiles que enfrentaban a los partidos Blanco y Colorado.
Mientras, el filibustero William Walker, contratado por Vanderbilt, invadía Nicaragua al frente de la llamada “Falange de los Inmortales” y los coroneles del Ejército de los Estados Unidos Kinney y Fabens, –con el apoyo de unidades de la Marina de guerra—, ocupaban el puerto San Juan del Norte en ese mismopaís.
1856: Con la anuencia de la Casa Blanca, el filibustero William Walker se proclamó “Presidente de Nicaragua” y restableció la esclavitud en ese país.
En ese contexto y mediante el Tratado Dallas-Claredon, realizado a espaldas de los gobiernos de la región, el Presidente Franklin Pierce protocolizó la aceptación de Estados Unidos de que el Imperio británico se apoderara del territorio de la posteriormente llamada Honduras Británica (Belice), entonces bajo soberanía de la República de Guatemala.
Paralelamente, se produjo una trifulca en una de las estaciones de ferrocarril de Panamá en las que resultaron heridas y muertas varias personas, entre ellos algunas estadounidenses que transitaban por esa vía interoceánica. En respuesta, y desconociendo los términos del tratado de 1846, dos buques de guerra norteamericanos ocuparon el istmo de Panamá y le impusieron al gobierno de la República de Nueva Granada –entonces presidido por Manuel María Mallarino (1855-1857)— una jugosa indemnización. Esta incluyó la cesión a Estados Unidos del ferrocarril Panamá-Colón y de las islas de la Bahía de Panamá.
1857: Pese a la derrota de los filibusteros comandados por William Walker y de su retirada a bordo de una goleta de guerra estadounidense -por parte de fuerzas militares centroamericanas comandadas por el entonces presidente costarricense Juan Rafael Mora-, el gobierno de James Buchanan (1857-1861) le impuso al entonces presidente nicaragüense Tomás Martínez (1857-1867) el tratado Cass-Irrisarri por medio del cual Estados Unidos aseguró su “derecho de tránsito, sin costo alguno, por cualquier parte del territorio nicaragüense”. Semanas después, ya sin el apoyo de Valderbilt, William Walker desembarcó nuevamente en ese país. En esta ocasión, unidades de la Infantería de Marina desembarcaron en Nicaragua y buques de guerra ingleses y estadounidenses –estos últimos sin autorización de la Casa Blanca— lo obligaron a regresar a Estados Unidos.
Paralelamente, unidades de la Marina de Guerra estadounidense realizaron una demostración de fuerzas frente a las costas haitianas con vistas a favorecer los “negocios” de ciudadanos norteamericanos.
1858: Nuevamente, dos buques de guerra estadounidenses desembarcaron sus fuerzas en Montevideo “para proteger las propiedades estadounidenses” durante los conflictos entre los partidos Blanco y Colorado que continuaban afectando la vida política uruguaya.
1859: El presidente estadounidense, James Buchanan, con el apoyo del Congreso, despachó veinte unidades navales y 2 500 hombres para forzar al gobierno nacionalista paraguayo a aceptar un Tratado de libre navegación por los ríos Paraná y Paraguay. Ante esa presión y atendiendo a “la mediación” del primer mandatario de la Confederación Argentina (1853-1862), Justo José de Urquiza (1854-1860), el Presidente paraguayo Carlos Antonio López se vio obligado a firmar un Tratado de amistad, comercio y navegación con Estados Unidos.
Mientras, soldados estadounidenses incursionaban en el territorio mexicano con el propósito de “perseguir a los bandidos” que operaban en la frontera entre ambos países.
1860: El filibustero William Walker desembarcó en Honduras, donde fue derrotado y capturado por un buque de guerra británico que lo entregó a las autoridades hondureñas. Estas lo horcaron como represalia por sus constantes acciones contra las naciones Centroamericanas.
Paralelamente, fuerzas navales estadounidenses desembarcaron en Panamá con la argucia de “proteger los intereses” de su país durante la guerra civil que se provocó en la República de Nueva Granada luego de la insurrección del general y ex presidente Tomás Cipriano Mosquera, contra el presidente constitucional Mariano Ospina Rodríguez (1857-1861).
1861: Ocupó la Casa Blanca el candidato del entonces renaciente Partido Republicano (fundado en 1954), Abraham Lincoln, representante de los intereses antiesclavistas del Norte de Estados Unidos. En consecuencia, los Estados esclavistas del Sur (agrupados en la Confederación) iniciaron la Guerra de Secesión.
En ese contexto y con la anuencia del secretario de Estado William H. Seward (1861-1869), una poderosa escuadra española, inglesa y francesa bloqueó el Puerto de Veracruz, México, para exigirle al gobierno de Benito Juárez (1858-1872) el pago de sus deudas. Acto seguido, con la “neutralidad estadounidense”, el nuevo Emperador francés Napoleón III (1852-1870) inició la ocupación militar del territorio mexicano.
1864: Al igual que había ocurrido durante la lucha por la independencia de Haití y de América Latina, y demostrando el carácter farisaico de su “neutralidad”, el gobierno de los Estados Unidos se negó a vender armamentos a las fuerzas patrióticas mexicanas que –encabezadas por Benito Juárez— luchaban contra la monarquía del títere de Napoleón III, Maximiliano I de Habsburgo. Al par el Ejército y la flota francesa fueron autorizados a abastecerse en territorio estadounidense y la escuadra de ese país protegió el paso por Panamá de las tropas francesas dirigidas a controlar los puertos mexicanos ubicados en el Océano Pacífico.
1865: Con la victoria de las fuerzas militares de los Estados industrializados del Norte, el 9 de abril culminó la Guerra de Secesión de los Estados Unidos.
El 14 de abril fue asesinado Abraham Lincoln, sustituyéndolo su vicepresidente, el demócrata “moderado” Andrew Johnson (1865-1869), quien ratificó como Secretario de Estado a William H. Seward. Éste autorizó un nuevo desembarco de la Infantería de Marina en Panamá, con el pretexto de “proteger las propiedades y vidas de ciudadanos estadounidenses” residentes en ese territorio durante los conflictos entre liberales y conservadores que estremecían la vida política de los denominados (desde 1863) Estados Unidos de Colombia.
1866: Con el supuesto propósito de presionar la retirada de los franceses de México, tropas estadounidenses penetraron en ese país y se apoderaron de la región de El Chamizal.
A su vez, el Secretario de Estado William H. Seward comenzó a conspirar con el ex presidente mexicano Antonio López de Santa Anna (exiliado en las llamadas “Antillas danesas”), con vistas a desplazar del gobierno de México al ya denominado Benemérito de las Américas, Benito Juárez.
Por otra parte, y con la colaboración de las unidades navales estadounidenses e inglesas surtas en esas aguas, una escuadra española bombardeaba los puertos de Valparaíso enChile, y Callao en Perú.
1867: El gobierno estadounidense intentó apoderarse por la fuerza de la Isla del Tigre, perteneciente a Honduras; pero fue rechazado por la Cancillería y las fuerzas militares británicas.
Paralelamente, la Infantería de Marina ocupó la capital nicaragüense y la ciudad de León con el socorrido pretexto de “proteger los intereses estadounidenses” durante uno de los tantos conflictos políticos entre liberales y conservadores que afectaron la vida política nicaragüense. .
1868: Con el pretexto de “proteger los residentes extranjeros y las aduanas” durante las revueltas contra la segunda dictadura “colorada” del general Venancio Flores (1865-1868), la Infantería de Marina estadounidense desembarcó nuevamente en Montevideo, Uruguay.
A la par, y con el propósito de fortalecer sus intereses en “el corazón de América del Sur”, la Casa Blanca propuso una “mediación” en la Guerra de la Triple Alianza (Argentina-Brasil-Uruguay) contra Paraguay (1865-1870); pero esta fue rechazada por todas las partes y especialmente por los intereses del Imperio británico que se movían detrás de ese sanguinario conflicto fratricida.
Paralelamente, las fuerzas militares estadounidenses ocuparon nuevamente el territorio de Panamá con el argumento de “proteger a los pasajeros y mercancías” que transitaban por el ferrocarril de la región durante el vacío de poder que se generó durante el gobierno del presidente colombiano Santos Gutiérrez (1868-1870).
Adicionalmente, y para disgusto de la Casa Blanca, se inició casi de manera simultánea –septiembre y octubre de 1868, respectivamente— la lucha por la independencia de Puerto Rico y Cuba frente al dominio español.
1869: De manera unilateral, el presidente estadounidense general Ulyses Grant (1869–1877), impulsó una “gestión mediadora” entre España y el recién constituido gobierno de la República de Cuba en Armas, según la cual –a cambio del pago de varios millones de dólares— España reconocería la independencia de la isla y en esta se instauraría un “gobierno cubano” que –con sus ingresos aduanales—, sufragaría “la deuda de su independencia”. A su vez, Puerto Rico se transformaría en un protectorado de Estados Unidos.
Aunque fracasaron esas gestiones, la Casa Blanca no reconoció la beligerancia de los patriotas cubanos; por el contrario, en los años sucesivos adoptó una “posición neutral” absolutamente favorable a la sanguinaria política contrainsurgente desplegada por la reaccionaria monarquía ibérica, con vistas a derrotar a las fuerzas patrióticas cubanas.
1870: El cruento dictador dominicano Buenaventura Báez (1868-1873) inició “gestiones comerciales” dirigidas a anexar su país a Estados Unidos. Según algunos historiadores, con esas negociaciones el presidente Ulyses Grant pretendía iniciar acciones dirigidas a apoderarse de toda la isla La Española. En ese contexto, y con el apoyo de varios buques de guerra estadounidenses, fue derrotada una expedición militar contra el gobierno de Buenaventura Báez capitaneada por el general Gregorio Luperón, uno de los líderes de la Guerra de Restauración de la independencia de República Dominicana frente a la dominación española (1863-1865) y propulsor, entre otros, de una Confederación Antillana que tuviera por núcleo la reunificación de Haití y la República Dominicana, así como la independencia de Cuba y Puerto Rico.
Paralelamente, y con el silencio cómplice de la Casa Blanca, el territorio paraguayo fue desmembrado entre Brasil y Argentina, lo que posibilitó que Estados Unidos –con la anuencia británica—, adquiriera los “derechos” de libre navegación en los ríos Paraná y Paraguay, que venían procurando desde años atrás.
1871: Luego de tortuosas gestiones “diplomáticas”, el Senado norteamericano rechazó el acuerdo de anexión a Estados Unidos firmado entre Buenaventura Báez y Ulyses Grant. A pesar de eso y con el apoyo de la Casa Blanca, se fundó la Samaná Bay Company, destinada a garantizar –a cambio de 150 mil dólares anuales—, el control estadounidense sobre esa estratégica bahía dominicana.
A la par, la Marina de guerra estadounidense continuó realizando demostraciones de fuerza contra el gobierno de Haití, con el propósito de favorecer a los comerciantes estadounidenses y de obtener facilidades militares en la estratégica Bahía de Molé de Saint-Nicholas.
1872: En el contexto de sus constantes conflictos bélicos con Francia, barcos de guerra alemanes obligaron al gobierno haitiano a pagar fuertes reclamaciones financieras a los hombres de negocios alemanes. Ante esa situación, y aduciendo la Doctrina Monroe, el gobierno haitiano solicitó apoyo al gobierno de Ulyses Grant; pero este rehusó.
1873: La Infantería de Marina estadounidense desembarcó dos veces en Panamá con el recurrente pretexto de “proteger los intereses americanos” durante las hostilidades que se desarrollaron entre grupos locales interesados en el control del gobierno de ese territorio, perteneciente a Estados Unidos de Colombia.
Por otra parte, y pese a las reiteradas protestas del gobierno azteca, tropas estadounidenses con autorización de la Casa Blanca, cruzaron repetidamente su frontera con México, con la socorrida argucia de perseguir a los “bandidos y ladrones” que operaban en las inmediaciones de la misma. En este año, el caso más sonado ocurrió en la zona de Remolino.
1876: Tropas estadounidenses ocuparon temporalmente la ciudad de Matamoros, bajo jurisdicción mexicana, aduciendo “el vacío de poder” que se había creado a causa de la sublevación del general y posterior dictador Porfirio Díaz contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876); quien había ocupado la Presidencia de ese país luego de la muerte, el 18 de julio de 1872, del Benemérito de América, Benito Juárez.
1880: En una descarada oposición a las primeras gestiones de una compañía francesa para construir el Canal de Panamá y desconociendo la soberanía del gobierno de los Estados Unidos de Colombia sobre ese territorio, el presidente estadounidense Rotherford B. Hayes (1877-1871) proclamó el llamado “corolario Hayes a la Doctrina Monroe”. Según esa inferencia, Estados Unidos no podía consentir el dominio del susodicho canal por “ningún Estado europeo o ninguna combinación de potencias europeas”; ya que esa vía interoceánica presuntamente era “parte de la línea costera de Estados Unidos”.
Paralelamente, la Casa Blanca amenazó con declararle la guerra a México con el pretexto de la incapacidad del primer gobierno del general Porfirio Díaz (1877-1880) para evitar que “diversos grupos de bandidos” cruzaran la frontera entre ambos países. Con ese artificio, en los años sucesivos, tropas estadounidenses incursionaron en el territorio mexicano en más de veinte ocasiones.
1881: El fugaz gobierno del republicano James Garfield (1881) fracasó en su intento de “mediar” en la Segunda Guerra del Pacífico que, desde 1879, venía enfrentando a Chile (apoyado por el Imperio británico) con Perú y Bolivia. Detrás de esa gestión se encontraba un tenebroso plan del corrupto Secretario de Estado, James Blaine (1881), y de ciertos sectores de la oligarquía peruana de establecer un protectorado estadounidense sobre Perú, como medio de “hacer prevalecer la Doctrina Monroe en toda Sudamérica” y de apoderarse de los ricos yacimientos de guano y salitre ubicados en la zona en disputa.
Con fines parecidos, Blaine intentó chantajear al gobierno de Ecuador –entonces presidido por Ignacio de Veintimilla (1876-1884)— para que le vendiera a los Estados Unidos todas o algunas de las islas Galápagos, ubicadas en el Océano Pacífico, y emprendió las primeras gestiones dirigidas a convocar la Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos. Estas fueron canceladas por el presidente estadounidense Chester Allan Arthur (1881-1885), quien destituyó a Blaine previo a un juicio político en su contra seguido por el Senado a causa de sus negocios turbios con diversas empresas salitreras con intereses en Perú.
1882: Luego de diversos incidentes en la frontera, y aduciendo el constante tránsito de “ladrones y bandidos” entre uno y otro lado, el gobierno de Estados Unidos le impuso al presidente azteca Manuel González (1880-1884), un Tratado que autorizaba a las fuerzas militares estadounidenses a incursionar en el territorio mexicano.
1885: En medio de la guerra civil entre liberales y conservadores, que nuevamente afectaban a los Estados Unidos de Colombia, tropas estadounidenses ocuparon durante tres meses las ciudades de Colón y Panamá con el pretexto de “garantizar el libre tránsito de personas y mercancías a través del ferrocarril del istmo”.
Igualmente, el presidente Grover Cleveland (primer demócrata que llegó electoralmente a la Casa Blanca luego del fin de la Guerra de Secesión) se opuso activamente a los intentos del general y presidente “liberal” guatemalteco Justo Rufino Barrios (1873-1885) de restablecer la unidad centroamericana.
1888: Unidades de la Marina de guerra estadounidenses bloquearon las costas de Haití con vistas “a persuadir” al gobierno de ese país de que liberara una nave estadounidense que había violado las leyes haitianas. Según algunos historiadores, entre 1857 y 1900, Estados Unidos emprendió diecinueve acciones intervencionistas contra sucesivos gobiernos de Haití con el propósito de favorecer los intereses de ciudadanos estadounidenses (muchos de ellos de origen libanés o sirio-palestino) radicados en esa isla del Caribe.
1890 Siguiendo las infructuosas gestiones que habían realizado el fugaz dúo Garfield-Blaine, se celebró en Washington la Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos, en la que el Presidente republicano Benjamin Harrison (1889-1893) y sobre todo, su ambicioso y corrupto Secretario de Estado, James Blaine (1889-1892), intentaron imponerle a los gobiernos latinoamericanos una Unión Aduanera y un plan para el arbitraje obligatorio –tutelado por los Estados Unidos— de todas las disputas territoriales que se presentaran entre los Estados del continente.
Aunque la Casa Blanca fracasó en ambos empeños, logró la fundación de la Unión Internacional de Estados Americanos (posteriormente denominada Unión Panamericana), cuya Secretaría Ejecutiva (bajo el nombre de Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas), quedó ubicada en Washington bajo la tutela del Departamento de Estado. Valorando ese cónclave, el Apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, indicó: “Jamás hubo en América, de la independencia acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles y determinados a extender sus dominios en América, hacen a las naciones americanas de menos poder… (…) De la tiranía de España supo salvarse la América española; y ahora, después de ver con ojos judiciales los antecedentes, causas y factores del convite, urge decir, porque es la verdad, que ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independencia”.
Denotando la certeza de ese aldabonazo martiano y el carácter oportunista de los “acuerdos panamericanos”, y en medio de los agudos conflictos internos que se desarrollaban en Argentina, la Infantería de Marina estadounidense desembarcó otra vez en Buenos Aires con el pretexto de proteger “el consulado y la Embajada estadounidense” durante “la revolución” –encabezada por Leandro Alem, fundador de la Unión Cívica de la Juventud— que derrocó al presidente liberal Miguel Juárez Celman (1886-1890).
1891: Como un espurio resultado de la Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos, se efectuó en Washington la Conferencia Monetaria Internacional Americana, en la que el gobierno de Estados Unidos intentó imponerle a sus homólogos latinoamericanos la adopción de la equivalencia del oro y la plata. Comoquiera que –según demostró José Martí— lo anterior afectaba a las naciones del Sur del continente, nuevamente fueron derrotadas las pretensiones de la Casa Blanca.
Poco después, con el pretexto de “proteger la vida y las propiedades de ciudadanos americanos en la Isla Navassa”, barcos de la Marina de Guerra estadounidense bloquearon nuevamente las costas haitianas con el propósito de lograr que el gobierno de ese país le permitiera instalar una base naval en la estratégica bahía Molé de Saint-Nicholas.
Asimismo, el dúo Harrison-Blaine amenazó con declararle la guerra a Chile si el gobierno de ese país no le ofrecía una adecuada compensación por la muerte, en una riña callejera, de dos infantes de marina del buque Baltimore. Previamente, la Infantería de Marina estadounidense había desembarcado en el puerto de Valparaíso para “proteger el consulado estadounidense y a las mujeres y los niños” que se habían refugiado en esa instalación durante la mal llamada “Revolución de 1891” en la que –con el respaldo del Imperio británico—, fue violentamente derrocado el presidente constitucional, reformista y nacionalista chileno José Manuel Balmaceda (1886-1891).
1893: Con el apoyo del segundo gobierno del demócrata Grover Cleveland (1893-1897) la funesta Santo Domingo Improvement Company of New York, estrechamente vinculada al “trust del dinero” afincado en Wall Street, inició su “intervención financiera” en República Dominicana. Previamente, luego de algunos escarceos, el Senado estadounidense había ratificado un asimétrico acuerdo de “reciprocidad comercial” firmado por la Casa Blanca con la sanguinaria dictadura del General dominicano Ulises “Lilí” Heureaux (1882-1889).
1894: Como parte de su reiterada injerencia en los conflictos internos entre los sectores promonárquicos y pro republicanos que se produjeron en Brasil después de la institucionalización de la llamada Velha República (1891), la Infantería de Marina estadounidense desembarcó en Río de Janeiro con el pretexto de impedir la llegada de armas provenientes de Alemania y de “proteger el comercio y las naves americanas” surtas en ese puerto.
Paralelamente, tropas estadounidenses ocuparon el puerto de Bluefield, Nicaragua, con el socorrido pretexto de “defender los intereses americanos” durante una insurrección del Partido Conservador contra el prestigioso presidente liberal José Santos Zelaya (1893-1909).
1895: La Casa Blanca ordenó la incautación de las armas y municiones adquiridas por el Partido Revolucionario Cubano (fundado por José Martí y Máximo Gómez en 1891) para el desarrollo del Plan de la Fernandina, dirigido a lograr la independencia de Cuba y promover la de Puerto Rico frente al vetusto coloniaje español. Como lo anterior no pudo impedir que el 24 de febrero se reiniciara la lucha independentista del pueblo cubano, las autoridades estadounidenses reiteraron su “política de neutralidad”, absolutamente favorable a España.
Posteriormente, el Secretario de Estado norteamericano, Richard Olney (1895-1897), aduciendo la Doctrina Monroe, exigió someter a un arbitraje internacional los conflictos que, desde 1844, venían presentándose entre Gran Bretaña y Venezuela, alrededor de los límites entre este último país y la llamada “Guayana británica”. Como resultado de ese “arbitraje”, Estados Unidos garantizó su control sobre la desembocadura del río Orinoco y el Reino Unido recibió de manera inmerecida 45 000 millas cuadradas de territorio venezolano.
Mientras, las fuerzas armadas norteamericanas desembarcaron nuevamente en Panamá; ahora con el argumento de “defender los intereses americanos durante un ataque de bandidos a la ciudad [panameña] de Bocas del Toro”.
1896: La Casa Blanca conspiró exitosamente contra los esfuerzos del primer gobierno del prestigioso líder liberal ecuatoriano Eloy Alfaro (1895-1901) para organizar una expedición en apoyo a las luchas por la independencia de Cuba, así como de efectuar –en conjunto con el Presidente de México, Porfirio Díaz (1884-1911)— un Congreso Latinoamericano dirigido, entre otras cosas, a elaborar un Derecho Latinoamericano alternativo a la Doctrina Monroe.
A la par, la Marina de guerra estadounidense ocupó la ciudad de Corinto con el pretexto de proteger “los intereses americanos” durante los disturbios políticos que continuaban afectando a Nicaragua.
1897: A espaldas del Consejo de Gobierno y del victorioso Ejército Libertador cubano, el presidente republicano William McKinley (1897-1901) comenzó a preparar las condiciones políticas y militares con vistas a declararle la guerra a España y proceder a la anexión de los archipiélagos de Filipinas, Cuba y Puerto Rico. En ese contexto, el Subsecretario del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, J. C. Breckenridge, instruyó al General en Jefe del Ejército norteamericano, N. A. Miles, la política que debía seguir para obtener esos últimos propósitos.
Según esas instrucciones, en el caso de Puerto Rico debía “emplear medios relativamente suaves” para apoderarse de esa isla; pero en lo atinente a Cuba se le incitaba al sistemático exterminio de la población civil cubana y, en especial, de las fuerzas del Ejército Libertador, al cual debían encomendársele “todas las empresas peligrosas y desesperadas”. Consecuente con esa estrategia genocida, el gobierno estadounidense mantuvo un férreo bloqueo de medicinas y alimentos que, en lo fundamental, más que a las autoridades coloniales españolas, afectaba al pueblo cubano.
1898: La Infantería de Marina desembarcó en Nicaragua con el socorrido argumento de “proteger la vida y los intereses americanos en [el Departamento] de San Juan del Sur”.
Días después, y antecedida por la explosión del buque estadounidense Maine en el Puerto de La Habana, por un cruento bloqueo de alimentos y medicinas, así como por el cañoneo deliberado de las costas cubanas con el propósito de diezmar a la población civil de la isla, y amparados en el cínico pretexto de “colaborar con la lucha por la independencia del pueblo cubano”, el gobierno de los Estados Unidos le declaró unilateralmente la guerra a España. A pesar del decisivo apoyo que le habían prestado en esa contienda, las fuerzas armadas estadounidenses impidieron la entrada del Lugarteniente del Ejército Libertador cubano, general Calixto García, a Santiago de Cuba.
Paralelamente, el presidente McKinley traicionó los acuerdos que había adoptado con el destacado general independentista filipino, Emilio Aguinaldo y en consecuencia, los gobiernos de los Estados Unidos y España suscribieron el Tratado de Paz de París, en el que la monarquía ibérica reconoció su derrota.
1899: Pese a las multiformes resistencias de las fuerzas patrióticas, las fuerzas armadas estadounidenses ocuparon totalmente las 7 100 islas Filipinas y Guam (todas en el Océano Pacífico), al igual que los archipiélagos de Puerto Rico y Cuba. En los tres primeros casos, como “botín de guerra” o “compensación” por los gastos incurridos en esa “barata contienda” y, en el último, con el pretexto de crear los mecanismos que supuestamente permitieran consagrar la soberanía y la independencia de la mayor de las Antillas. Todo ello, junto a la anexión de Hawai (1898), a la formalización de su “protectorado compartido” con Alemania sobre las islas Samoa y al constante incremento de su poderío económico y militar, transformó a Estados Unidos en “una auténtica potencia (imperialista) mundial”.
En consecuencia, la Infantería de Marina estadounidense desembarcó nuevamente en los puertos de Bluefield y San Juan del Norte, Nicaragua, con el propósito de imponerle al prestigioso presidente liberal José Santos Zelaya (1893-1909), un nuevo Tratado dirigido a garantizar los presuntos “derechos estadounidenses” en la eventual construcción de un canal interoceánico a través del territorio de Nicaragua.
1900: Con el respaldo del Congreso, la Casa Blanca promulgó la Ley Foraker, gracias a la cual convirtió a Puerto Rico en una colonia de los Estados Unidos.
1901: Luego de desarmar al Ejército Libertador cubano y bajo el chantaje de mantener la ocupación militar de la isla, el presidente William McKinley impuso como un apéndice a la Constitución de la naciente República de Cuba, la llamada Enmienda Platt. Esta consagró un virtual protectorado estadounidense sobre el archipiélago cubano.
Previamente, y sin el consentimiento de los gobiernos latinoamericanos implicados, los Estados Unidos y Gran Bretaña firmaron el tratado Hay-Pauncefot, por medio del cual la primera de esas potencias obtuvo el derecho exclusivo a construir, bajo su total control militar, un canal interoceánico a través del territorio de Nicaragua o de los istmos de Panamá o Tehauntepec, México. Aunque no desaparecieron sus contradicciones, mediante ese tratado los imperialismos anglosajones refrendaron una virtual distribución de sus “esferas de influencia” en el Hemisferio Occidental: Estados Unidos respetaría las posiciones coloniales británicas en el Mar Caribe y sus intereses económicos en los países situados al Sur del Río Amazonas; mientras que el ya decadente Imperio británico aceptó que México, Centroamérica, las Antillas Mayores y el Norte de América del Sur eran un “espacio vital” de Estados Unidos.
En consecuencia, durante los últimos momentos de la Guerra de Cien Días (1898-1901), fuerzas militares estadounidenses desembarcaron en Panamá con el pretexto de proteger las “propiedades norteamericanas” y mantener abierto el “tránsito” a través del ferrocarril Colón-Panamá.
1902: Mediante el Tratado de Wisconsin (en referencia al buque de guerra estadounidense donde se firmó), el Presidente estadounidense Teodoro Roosevelt (1901-1909) –cuya política exterior se identificó con el llamado “big stick” (garrote)— “santificó” los antidemocráticos acuerdos entre las cúpulas del Partido Liberal y del Partido Conservador de Colombia, que dieron fin a la sangrienta “Guerra de los Mil Días” (1898-1901). Acto seguido, las fuerzas militares estadounidenses contribuyeron con el gobierno colombiano –presidido por José Manuel Marroquín (1990-1904)— a la derrota (y posterior asesinato) del líder popular panameño Victoriano Lorenzo.
Asimismo, con la anuencia del Departamento de Estado y como respuesta a la moratoria de pagos de la deuda externa proclamada por el dictador venezolano Cipriano Castro (1899-1908), buques de guerra ingleses, alemanes e italianos bombardearon salvajemente las ciudades costeras de La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo y San Carlos. Esas acciones sólo se suspendieron cuando el gobierno venezolano, mediante el llamado Tratado de Washington, aceptó someterse a un arbitraje internacional que –como era de esperar—, dos años más tarde falló a favor de los acreedores deVenezuela.
1903: Después de organizar una “revolución secesionista” en Panamá y siguiendo órdenes del presidente Theodore Roosevelt, la Marina de guerra estadounidense impidió el desembarco de las tropas colombianas que pretendían restablecer su soberanía sobre ese istmo. Acto seguido, la Casa Blanca negoció con la oligarquía de esa naciente “semirrepública” y con el empresario francés radicado en Nueva York, Philipe Baneau-Varilla, un Tratado por medio del cual Estados Unidos obtuvo el control absoluto sobre la llamada “Zona del Canal de Panamá”.
En la Constitución panameña –refrendada un año después por un Congreso espurio— se incluyeron cláusulas similares a las impuestas a Cuba mediante la Enmienda Platt. Entre ellas, el derecho a la intervención militar de Estados Unidos en los asuntos internos panameños y la incapacidad del gobierno de ese país de contraer deudas con otros países sin la autorización previa del gobierno estadounidense.
Paralelamente, unidades de la Infantería de Marina estadounidense desembarcaron en Santo Domingo –capital de la República Dominicana—, con el socorrido pretexto de “proteger los intereses nortamericanos” durante la guerra civil que se desarrollaba en ese país.
Adicionalmente, la Infantería de Marina desembarcó en Puerto Cortés, Honduras, con vistas a “proteger el Consulado y los intereses estadounidenses” afectados por los constantes enfrentamientos entre los partidarios de Partido Liberal –respaldado por la United Fruit Company— y del Partido Conservador, apoyado la Cuyamel Fruit Company y por otras empresas estadounidenses que venían penetrando la economía de ese país desde fines del siglo XIX.
1904: Con vistas a apoyar al débil y entreguista gobierno del ex sacerdote Carlos Morales Languasco (1903-1905), la Infantería de Marina estadounidense desembarcó en República Dominicana y se implicó en los combates de la llamada Guerra de la Desunión.
Posteriormente, el presidente Theodore Roosevelt proclamó su famoso corolario a la Doctrina Monroe. Según este, “el mal proceder crónico o una impotencia que desemboca en un aflojamiento general de los lazos de una sociedad civilizada, pueden en América (…) exigir la intervención de algún país civilizado, y en el hemisferio occidental el apego de Estados Unidos a la Doctrina Monroe, puede obligarlo (…) a ejercer un poder de policía internacional”. En los años sucesivos, tal inferencia sirvió como pretexto para brutales intervenciones militares de Estados Unidos en la Cuenca del Caribe.
De la misma forma, fuerzas militares norteamericanas mantuvieron su ocupación del territorio panameño con vistas a “proteger la construcción del Canal de Panamá” y a los gobiernos títeres instaurados en esa “semirrepública”.
1905: Tropas estadounidenses ocuparon República Dominicana y signaron con el presidente Carlos Morales Languasco la Convención de 1905, por medio de la cual se inició oficialmente la “intervención financiera” estadounidense sobre ese país.
1906: Tropas estadounidenses contribuyeron a sofocar la poderosa huelga obrera que paralizó las operaciones de la Green Consolidated Cooper, ubicada en el norteño Estado mexicano de Sonora. Además, colaboraron con la cruenta dictadura de Porfirio Díaz (1884-1911) en la sangrienta derrota de la insurrección popular encabezada por la llamada Junta del Partido Liberal mexicano.
Por otra parte, y en respuesta a la guerra que estalló entre Guatemala y El Salvador con el propósito de este último país de respaldar a los opositores a la sanguinaria dictadura del general guatemalteco Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), la Casa Blanca intervino militarmente para lograr un armisticio entre los contendientes. Este se firmó a bordo del buque Marblehead, perteneciente a la Marina de guerra estadounidense.
Adicionalmente, y sobre la base de la Enmienda Platt, fuerzas militares norteamericanas ocuparon otra vez el archipiélago cubano en respuesta a una solicitud de su desacreditado presidente títere Tomás Estrada Palma (1902-1906). Esa ocupación se prolongó hasta 1909.
1907: Al estallar una guerra fratricida entre Honduras y Nicaragua, la Infantería de Marina estadounidense ocupó diversas ciudades de ambos países. Gracias a esa acción y a una “mediación” compartida con la dictadura mexicana, la paz se restableció en un acuerdo firmado en el buque Chicago, perteneciente a la Marina de guerra norteamericana.
Semanas después se inició otro conflicto armado entre Nicaragua y Guatemala. En esta ocasión, bajo la amenaza de la fuerza, la Casa Blanca “invitó” a los representantes de las cinco repúblicas centroamericanas a celebrar una Conferencia de Paz en Washington donde –bajo la tutela del Departamento de Estado— se aprobó un efímero Tratado General de Paz y Amistad.
Asimismo, bajo la protección de la armada estadounidense, el sanguinario y terrorista dictador Ramón (Mon) Cáceres (1906-1911), aceptó la prolongación indefinida de la “intervención financiera” de los Estados Unidos en República Dominicana.
1908: Con vistas a obligar a la dictadura de Cipriano Castro a que cumpliera las estipulaciones del Tratado de Washington de 1902, la Casa Blanca rompió sus relaciones diplomáticas con Venezuela y apoyó el golpe de Estado conducido por el general Juan Vicente Gómez. A tal fin, y con el pretexto de restablecer las relaciones diplomáticas, Theodore Roosevelt envió una flota de guerra al puerto de La Guaira, surgiendo así uno de los más largos y odiados regímenes terroristas de Estado de América Latina y el Caribe. Este se prolongó hasta 1935.
1909: Siguiendo los flamantes enunciados de la denominada “Diplomacia del Dólar” y organizada por el gobierno del presidente estadounidense William Taft (1909-1913), se desató una sublevación del Partido Conservador y de algunos sectores del Partido Liberal contra el prestigioso presidente nicaragüense José Santos Zelaya. Como esa “revolución” estaba a punto de ser derrotada, intervinieron en ella algunos buques de guerra estadounidenses. Además, la Casa Blanca rompió sus relaciones diplomáticas con Nicaragua y exigió la renuncia de Santos Zelaya, quien dejó en su lugar a su vicepresidente José Madriz (1909-1911), quien tampoco recibió el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos.
1910: Bajo la presión de sus cañoneras, la Casa Blanca le impuso al presidente Antoine Simon (1908-1911) un crédito de la Casa Speyer and Co. y del National City Bank (ambos de Nueva York), así como el llamado Contrato Mac Donald, mediante los cuales el gobierno de Haití perdió su soberanía financiera y autorizó la penetración en su economía de diversos monopolios estadounidenses.
Paralelamente, unidades de la Marina de guerra de Estados Unidos ocuparon el puerto de Bluefields, Nicaragua, con el pretexto de “proteger los intereses norteamericanos”.
1911: Apoyado por la Embajada estadounidense en Nicaragua, se apoderó de la Presidencia el dirigente del Partido Conservador, Adolfo Díaz. Acto seguido, su representante en Washington firmó con el Secretario de Estado Philander Knox (1909-1913), un acuerdo similar a las Convenciones que, en 1905 y 1907, el “joven imperialismo” norteamericano le había impuesto a República Dominicana.
Al mismo tiempo, en Honduras una nueva intervención de la Infantería de Marina estadounidense logró el derrocamiento del Presidente liberal Miguel R. Dávila (1907-1911) y su sustitución por el conservador Manuel Bonilla (1912-1913), quien contó con el apoyo de la Cuyamel Fruit Company y de otros monopolios estadounidenses.
1912: La Infantería de Marina estadounidense ocupó Nicaragua para garantizar la elección “constitucional” de su títere Adolfo Díaz. Esa intervención se prolongó hasta 1925.
Paralelamente, tropas estadounidenses intervinieron en la “semirrepública” de Panamá para dirigir los comicios presidenciales en los que resultó electo, por primera vez, su títere Belisario Porras (1912-1916). También intervinieron nuevamente en Honduras, con el pretexto de “proteger los intereses de los Estados Unidos” frente a las fuerzas opositoras al gobierno de Manuel Bonilla, y en Cuba para respaldar la sangrienta y racista represión desatada por el gobierno títere del “liberal” José Miguel Gómez (1909-1913) contra el alzamiento del Partido Independiente de la Gente de Color.
Por otra parte, la Casa Blanca concentró 34 000 efectivos de su Ejercito en la frontera con México y buques de guerra estadounidenses incursionaron en las costas mexicanas con el propósito de presionar al gobierno de Francisco Madero (1911-1913) para que abandonara totalmente los postulados democráticos, populares, agrarios y nacionalistas de la Revolución mexicana de 1910, al igual que las negociaciones que estaba desarrollando con empresas privadas británicas y japonesas. Surgió así el llamado “corolario Taft a la Doctrina Monroe”: Esta podía verse desafiada en caso de que inversionistas “extra continentales” pusieran en “peligro” los intereses de las empresas estadounidenses en su “esfera de influencia”.
1913: La embajada estadounidense en México –encabezada por el tristemente célebre Henry Lane Wilson—, organizó un cuartelazo contra el gobierno de Francisco Madero y propició el llamado “Pacto de la Embajada”. Como parte tácita de ese pacto, el general Victoriano Huerta autorizó el asesinato de Madero y del vicepresidente Pino Suárez. También emprendió una draconiana represión contra las fuerzas populares y asumió de manera dictatorial la jefatura del país. Dada la pervivencia de las luchas de diferentes sectores de la sociedad mexicana contra esa dictadura, el recién electo Presidente estadounidense Woodrow Wilson (1913-1921), se negó a reconocer al gobierno de Huerta y emprendió diversas presiones políticas, económicas y militares dirigidas a derrocarlo. Paralelamente, la Infantería de Marina desembarcó en el Estero del río Yaqui, México, para evacuar a “ciudadanos estadounidenses y de otros países” que supuestamente corrían peligro por la guerra civil que se desarrollaba en ese país.
1914: A pesar de su retórica “democrática”, el Presidente estadounidense Woodrow Wilson autorizó la ocupación militar de la capital de Haití con vistas a presionar al breve gobierno de Davilmar Théodore para que resolviera todas las cuestiones litigiosas con los monopolios estadounidenses, así como para que le entregara el control de la bahía Molé Saint-Nicholas.
Paralelamente, en un nuevo intento por favorecer a las fuerzas reaccionarias que se oponían a los postulados de la Revolución mexicana de 1910, luego de una provocación prefabricada en el puerto de Tampico, la Infantería de Marina estadounidense –con el apoyo de la Marina de guerra— ocupó a sangre y fuego la ciudad de Veracruz y, en un acto típico del corzo y la piratería, se apropió de cerca de 8 millones de dólares depositados en la Aduana de esa Terminal portuaria.
Asimismo, fuerzas navales norteamericanas desembarcaron en República Dominicana con el pretexto de “detener el bombardeo de Puerto Plata” y de crear una “zona neutral” en Santo Domingo mientras se desarrollaba la guerra civil que provocó el sucesivo derrocamiento de varios mandatarios dominicanos.
1915: En razón de las presiones económicas y político-militares estadounidenses, fue derrocado el presidente de Haití, Davilmar Théodore. Lo sustituyó el general Vilbrum Sam, quien dada la resistencia popular y luego de autorizar el asesinato a sangre fría de decenas de presos políticos, se refugió en la Embajada francesa; pero un grupo de enardecidos lo sacó por la fuerza y lo ajustició en la vía pública. Tales acontecimientos fueron utilizados por Woodrow Wilson como uno de los pretextos –junto a las nunca demostradas pretensiones del Káiser de invadir Haití— para iniciar una prolongada y terrorífica ocupación militar de esa nación caribeña. Esta se prolongó hasta 1934.
La resistencia popular y campesina –durante la llamada “guerra de los cacos” (1912-1929)— fue aplastada a sangre y fuego, y empleando métodos terroristas por parte de la Infantería de Marina estadounidense y de sus cipayos haitianos. Estos incluyeron el bombardeo aéreo contra diversas zonas rurales y contra la población civil asentada en estas.
1916: Luego de desconocer la decisión del Congreso dominicano de nombrar como Presidente al médico Francisco Henríquez Carvajal, la Infantería de Marina estadounidense desembarcó, nuevamente, en República Dominicana. La resistencia popular y campesina —protagonizada por los denominados “gavilleros”— fue sangrientamente aplastada por las tropas estadounidenses. En consecuencia, hasta 1925, República Dominicana quedó sometida al régimen de terror instaurado por las fuerzas de ocupación estadounidenses.
Paralelamente, en la llamada “expedición punitiva”, 12 000 soldados norteamericanos comandados por el general John Pershing, respaldados por fuerzas de caballería, artillería y aviación, penetraron en la profundidad del territorio mexicano con el pretexto de castigar una intrascendente incursión militar realizada por un destacamento de las fuerzas de Pancho Villa contra la pequeña ciudad estadounidense de Columbus. Pese a las protestas de las fuerzas “constitucionalistas” encabezadas por Venustiano Carranza, durante un año, las tropas comandas por el general Pershing cometieron diversos desmanes contra la población civil mexicana.
1917: Destacamentos de la Infantería de Marina estadounidense salieron de la mal llamada Base Naval de Guantánamo, Cuba, con vistas a apoyar la fraudulenta reelección del presidente conservador Mario García Menocal (1913-1921) y sofocar la insurrección encabezada por el también corrupto caudillo del Partido Liberal y ex presidente José Miguel Gómez. Aunque la mayor parte de esas fuerzas militares abandonaron el territorio cubano dos años más tarde, algunas unidades permanecieron en la isla hasta 1922.
Luego de su tardía incorporación a la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la administración estadounidense de Woodrow Wilson, presionó a todos los gobiernos latinoamericanos con vistas a que le declararan la guerra o rompieran sus vínculos con las llamadas Potencias Centrales y en particular con Alemania. En ese contexto, el ejecutivo y el Congreso –en un nuevo paso dirigido a lograr la anexión de Puerto Rico-, aprobaron la Ley Jones que impuso la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Y pese a la retirada de las tropas del general Pershing, las fuerzas navales de los Estados Unidos mantuvieron ocupadas las aguas de diversos puertos mexicanos con el pretexto de defenderlos de “las incursiones de los submarinos alemanes”.
Por otra parte, la Casa Blanca intervino activamente en los conflictos internos que se presentaron en Costa Rica luego del golpe de Estado –encabezado por el general Federico Tinoco (1917-1919)— que derrocó al gobierno pro imperialista de Cleto González Flores (1914-1917), apoyado por la United Fruit Company (UFCO). El gobierno de Tinoco nunca fue reconocido por Estados Unidos.
1918: Luego de la muerte del presidente “constitucional” Ramón M. Valdés (1916-1918), las tropas estadounidenses acantonadas en la Zona del Canal ocuparon las ciudades de Panamá y Colón con el propósito de contener el descontento popular que se había desatado contra los afanes del presidente provisional, Ciro Luis Urriola, de prolongar su mandato. También para proteger los intereses del latifundista estadounidense William G. Chase y de la Chiriquí Land Company, filial de la UFCO. Como fruto de esas intervenciones (que se extendieron hasta 1920), de manera intermitente ocupó en dos ocasiones la presidencia de Panamá el títere de Estados Unidos, Belisario Porras.
Inmediatamente después de culminada la Primera Guerra Mundial y en medio de la guerra civil que continuaba afectando a México, comenzó otra campaña de la Casa Blanca contra el ya presidente constitucional mexicano Venustiano Carranza (1917-1920). Como parte de esta, las fuerzas armadas estadounidenses violaron las fronteras mexicanas, al menos en tres ocasiones, con el reiterado pretexto de “perseguir bandidos”. Como consecuencia de esas incursiones –en las que fueron asesinados varios ciudadanos mexicanos—, en la región de Nogales, se produjeron fuertes combates entre tropas mexicanas y estadounidenses.
1919: Gracias a una mañosa enmienda propuesta por el presidente Woodrow Wilson durante la Conferencia de Paz efectuada en el Palacio de Versalles, París, y pese a la resistencia de diversos gobiernos latinoamericanos, en el artículo 21 de los Estatutos de la naciente Liga de las Naciones se “santificó” la supuesta congruencia de la Doctrina Monroe con el Derecho Internacional Público. Igualmente, como parte de su “guerra no declarada” contra México, Wilson consiguió que el gobierno de ese país fuera excluido de esa organización internacional.
Paralelamente, con la participación de 3 500 soldados norteamericanos y con el recurrente pretexto de “perseguir bandidos”, fueron brutalmente diezmadas las fuerzas militares encabezadas por Pancho Villa y los indígenas Yaqui (comandadas por su jefe Mori) que lo apoyaban. Con ese y otros fines, tropas estadounidenses violaron, al menos en seis ocasiones, la soberanía mexicana.
A la vez, Unidades de la Infantería de Marina ocuparon varios puertos de Honduras con vistas a consolidar en el poder a su títere, el conservador Rafael López Gutiérrez (1919-1924). El pretexto utilizado en esa ocasión fue “mantener el orden” y crear una “zona neutral” entre los contendientes que disputaban el poder político en ese país.
1920: Fuerzas militares estadounidenses desembarcaron en Guatemala con el pretexto de defender “la vida y los bienes de los ciudadanos estadounidenses” durante la sangrienta insurrección popular que derrotó a la prolongada satrapía pro imperialista del general Manuel Estrada Cabrera (1898-1920). En esa ocasión, ocupó el gobierno Carlos Herrera, impulsor de la llamada Republica Tripartita centroamericana. Las presiones económicas, políticas, diplomáticas y militares de la administración de Woodrow Wilson favorecieron el golpe de Estado que, un año después –ya bajo la presidencia del republicano estadounidense Warren Harding (1921-1923)—, derrocó a Herrera e instauró la dictadura del general José María Orellana (1921-1926).
1921: Tropas estadounidenses acantonadas en la Zona del Canal de Panamá, participaron en la represión de las manifestaciones populares contra el tercer gobierno del presidente “liberal” Belisario Porras (1920-1924). Esas manifestaciones adquirieron toda su magnitud a causa de la actitud entreguista adoptada por ese mandatario durante e inmediatamente después de la guerra fratricida que enfrentó a Costa Rica (respaldada por la UFCO) y a Panamá (instigada por la American Banana Company) en torno al fértil valle del Coto.
A pesar de que, por voluntad del gobierno de Estados Unidos, Panamá carecía de fuerzas militares, la Casa Blanca respaldó las aspiraciones territoriales de Costa Rica y, por ende, el dominio que ejercía la UFCO sobre ese país. A tal fin, la Marina de guerra estadounidense desplegó unidades navales a ambos lados del Canal de Panamá.
1922: El Departamento de Estado “negoció” con el antipopular gobierno de El Salvador –entonces presidido por su títere Jorge Meléndez (1921-1924)— un empréstito dirigido a cancelar sus deudas con el Reino Unido. Como garantía de pago, representantes de Estados Unidos se apoderaron de la Aduana salvadoreña y observaron con mirada cómplice el régimen de terror que se impuso en ese país.
Una actitud parecida adoptó la Casa Blanca frente a las dictaduras militares –capitaneadas por los generales y luego presidentes “constitucionales” José María Orellana (1921-1926) y Lázaro Chacón (1926-1930)— que se instauraron en Guatemala entre diciembre de 1921 y diciembre de 1930. Ambos les realizaron nuevas concesiones a los monopolios estadounidenses, en particular a la UFCO.
1923: Bajo la tutela del Secretario de Estado norteamericano, Charles Evans Hughes (1921-1925), en la llamada Conferencia de Washington, los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica reactivaron y actualizaron el Tratado de Paz y Amistad de 1907. Según este, ninguno de los gobiernos de esos países apoyaría, ni les daría reconocimiento a las fuerzas insurgentes contra los gobiernos “constitucionalmente” establecidos.
1924: En la llamada Conferencia de Amapala, bajo la presión de sus fuerzas militares, y con el pretexto de “interponerse” entre los bandos de la llamada “guerra triangular” que enfrentaba a las huestes de los candidatos presidenciales Tiburcio Carías Andino (conservador, respaldado por la UFCO), Policarpo Bonilla (liberal, apoyado por la Cuyamel Fruit Company) y del independiente Juan Arias, el representante del entonces presidente republicano Calvin Coolidge (1923-1929), impuso un nuevo gobierno encabezado entre 1925 y 1929 por el “independiente” Miguel Paz Barahona.
Por otra parte, y bajo el control de la Infantería de Marina estadounidense y de sus testaferros de la Guardia Constibularia (Policía Militarizada), se efectuaron en República Dominicana elecciones presidenciales. En ellas fue electo el general Horacio Vásquez (1924-1930), quien ratificó todos los actos de la ocupación militar estadounidense y aceptó la denominada Convención de 1924. Esta prolongó, durante cerca de veinte años, la “intervención financiera” de los Estados Unidos en ese país caribeño.
1925: El aventurero Richard O. March, ex encargado de negocios de Estados Unidos en Panamá, intentó dividir el territorio de ese país mediante la creación de la llamada “República de Tule”. Ante el fracaso de su intento y la indignación que produjo en el pueblo panameño, March fue rescatado y trasladado hacia su país en un buque de guerra estadounidense. Previamente, y a solicitud del presidente panameño Rodolfo Chiari (1924-1928), la Infantería de Marina estadounidense reprimió violentamente la célebre “huelga de los inquilinos” que estremeció la capital panameña.
Paralelamente, fuerzas militares norteamericanas desembarcaron nuevamente en Honduras con el pretexto de “proteger a los extranjeros” afectados por el conflicto civil que se produjo a causa del rechazo de los partidos liberal y conservador, al gobierno presidido por Miguel Paz Barahona.
1926: Ante la incapacidad del dictador nicaragüense Adolfo Díaz para controlar la situación del país, fuerzas militares estadounidenses ocuparon nuevamente Nicaragua; ahora con el pretexto de “la debilidad” de ese país para resistir las agresiones de los presuntos “agentes del bolcheviquismo mexicano”. Esa intervención se prolongó hasta 1933.
1928: Bajo la tutela de la Infantería de Marina estadounidense, fue “electo” como Presidente “constitucional” de Nicaragua el general liberal José María Moncada (1929-1932); quien –con el apoyo de las fuerzas armadas norteamericanas— desplegó una política de tierra arrasada (incluido bombardeos aéreos) contra todos los sectores de la población civil que respaldaban al “pequeño Ejército Loco”, encabezado por el General de Hombres Libres, Augusto César Sandino.
1929: Tratando de sofocar las crecientes resistencias contra la brutal ocupación militar norteamericana de Haití, el presidente títere Joseph Borno (1920-1930) implantó la Ley Marcial y la soldadesca estadounidense –junto a sus testaferros de la gendarmerie—, masacrando una pacífica manifestación campesina que se movía desde la zona de Marchaterre hacia Aux Cayes. Según algunos historiadores, con tal acto y otras brutales acciones represivas, la Infantería de Marina estadounidense, finalmente logró derrotar la prolongada resistencia campesina que se había manifestado a través de la llamada “guerra de los cacos”.
1930: Bajo el chantaje de mantener indefinidamente la ocupación militar, el presidente republicano Herbert Hoover (1929-1933) obligó al nuevo mandatario haitiano, Sténio Vincent, a negociar de manera secreta un Tratado que permitiera la “salida paulatina y ordenada” de las tropas estadounidenses de Haití.
Paralelamente, en la República Dominicana, el entonces jefe de la Guardia Constibularia, Rafael Leónidas Trujillo, consumó un golpe de Estado. Este fue santificado por la Casa Blanca, iniciándose así –con el respaldo oficial estadounidense— otra de las satrapías y otro de los regímenes terroristas más sanguinarios y prolongados (31 años) de América Latina y el Caribe.
1931: Con el decidido apoyo del embajador norteamericano en Ciudad Guatemala, Sheldon Whitehouse llegó al poder, luego de un golpe de Estado, el célebre dictador guatemalteco, general Jorge Ubico (1931-1944), quien instauró otros de los regímenes terroristas que han asolado a ese país centroamericano. Ubico, instigado por la UFCO, emprendió un nuevo plan dirigido a derrocar al gobierno hondureño presidido por el liberal Vicente Mejía Colindres (1929-1932), quien contaba con el respaldo de la Cuyamel Fruit Company. Tal conflicto fratricida finalmente no se desencadenó en razón de la decisión de los dueños de esa compañía de venderle sus propiedades a la UFCO.
1932: Bajo la protección de los buques de guerra estadounidenses surtos en el puerto salvadoreño de Acajatla, el dictador Maximiliano Hernández (1931-1944) asesinó a sangre fría a 30 000 salvadoreños –muchos de ellos indígenas—, como respuesta terrorista y genocida a la frustrada insurrección popular encabezada por Farabundo Martí.
Por otra parte, con el apoyo de la Casa Blanca, fue “constitucionalmente” electo para la presidencia de Honduras el general conservador Tiburcio Carías Andino, quien instauró un férreo régimen de terror hasta 1946.
Paralelamente, se inició la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Detrás de ese sangriento conflicto fratricida estuvieron los intereses encontrados de la Standard Oil de New Jersey (que impulsó a Bolivia) y de la empresa anglo-holandesa Royal Dutch Shell. Esta respaldó a Paraguay.
1933: A pesar de la cacareada proclamación de la Política de Buen Vecino y de sus compromisos de abandonar la política intervencionista de sus antecesores, y después de fracasar en su intento de “mediación” con la dictadura del general cubano Gerardo Machado (1926-1933) y del derrocamiento de este mediante una insurrección popular (identificada en la historia de Cuba como “la Revolución del 33”), el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) emprendió diversas acciones para derrocar al breve gobierno popular y tímidamente nacionalista de Ramón Grau San Martín. Entre ellas, las demostraciones de fuerza realizadas por treinta navíos de guerra estadounidenses frente a las costas cubanas y la negativa de la Casa Blanca a reconocer al posteriormente denomindo “gobierno de los Cien Días”.
1934: El presidente cubano Ramón Grau San Martín fue derrocado por un golpe de estado urdido por el entonces coronel Fulgencio Batista y por el Embajador norteamericano en La Habana, Jefferson Caffery. Gracias a ese cuartelazo y al automático reconocimiento de la Casa Blanca, fue impuesto como Presidente de la República de Cuba el coronel Carlos Mendieta (1934-1937). A pesar de que durante su mandato formalmente se anuló la Enmienda Platt, Mendieta firmó el Tratado que le posibilitaba a Estados Unidos mantener de manera indefinida la ocupación militar estadounidense del territorio cubano donde aún está enclavada la mal llamada “Base Naval de Guantánamo”.
Paralelamente, y en contubernio con el Embajador norteamericano en Managua, Arthur Bliss Lane, el general Anastasio Somoza García, entonces Jefe de la Guardia Nacional formada por Estados Unidos, ordenó el asesinato de Augusto César Sandino y la sanguinaria destrucción de la cooperativa sandinista de Wililí.
Adicionalmente, luego de dilatadas negociaciones, el Presidente Franklin Delano Roosevelt logró un acuerdo con su “homólogo” haitiano, Sténio Vincent, que le posibilitó concluir la ocupación de ese país. Sin embargo, el control político, económico y militar estadounidense –camuflado de “intervención financiera”— se prolongó de manera indefinida.
1935: Con el apoyo de la Casa Blanca, el llamado gobierno Batista-Caffery-Mendieta emprendió una sangrienta represión contra la huelga general proclamada en Cuba en marzo de ese año. Días después, cumpliendo ordenes del propio trío, fue asesinado el prestigioso ex ministro del gobierno de Grau San Martín y entonces líder la organización revolucionaria Joven Cuba, Antonio Guiteras, así como su compañero de luchas, el venezolano Carlos Aponte, quien había sido coronel del “pequeño Ejército Loco”.
Paralelamente, en Río Piedra, Puerto Rico, la Guardia Nacional estadounidense reprimió violentamente una manifestación pacífica de los sectores independentistas encabezados por el Partido Nacionalista fundado, en 1922, por el posteriormente martirizado líder independentista Pedro Albizu Campos (1893-1965).
1936: Tomando como pretexto los postulados del Protocolo Adicional Relativo a la No Intervención aprobado en Buenos Aires por la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, el presidente Franklin Delano Roosevelt respaldó el golpe de Estado contra el presidente “liberal” Juan Bautista Sacasa (1933-1936) perpetrado por el entonces Jefe de la Guardia Nacional “nicaragüense”, Anastasio “Tacho” Somoza. Surgió así –con el respaldo del “Buen Vecino”— una de las “dictaduras dinásticas” más terroríficas y odiadas de América Latina y el Caribe.
Por otra parte, y con el propósito de desmontar las crecientes resistencias populares a todos los tratados que habían dado origen a la “semirrepública de Panamá”, Roosevelt y el entonces presidente Harmodio Arias (1932-1936) firmaron un nuevo tratado que formalmente anuló el derecho de los Estados Unidos a intervenir en los asuntos internos y externos panameños. No obstante, las fuerzas armadas estadounidenses conservaron el control de la Zona del Canal de Panamá y su “derecho” a garantizar ad finitum la seguridad de esa vía interoceánica.
1937: Con el silencio cómplice de la Casa Blanca el sátrapa “dominicano” Rafael Leonidas Trujillo ordenó la sádica matanza de cerca de 25 000 haitianos. Para evitar que el incidente afectara la “seguridad del Caribe”, el Departamento de Estado presionó la realización de una reunión entre el presidente haitiano Sténio Vincent y Trujillo. Esta concluyó con la aceptación por parte del mandatario haitiano de una indemnización de “veintinueve dólares” por cada uno de los 18 000 haitianos que –según el sátrapa dominicano— habían sido asesinados.
Paralelamente, la Guardia Nacional estadounidense ametralló una manifestación pacífica de las fuerzas independentistas puertorriqueñas que se desarrollaba en la ciudad de Ponce. En correspondencia con esas prácticas y respetando la distribución de esferas de influencia que había establecido el Tratado Hay-Pouncefot de 1901, la Casa Blanca respaldó la estrategia represiva desplegada por el imperialismo británico contra la cadena de huelgas obreras y las manifestaciones populares que sacudieron sus posiciones coloniales bañadas por el mar Caribe. En particular, a Barbados, Jamaica, Guyana, San Vicente, Santa Lucía, Saint Kitts y Trinidad y Tobago.
1938: Como respuesta a la decisión soberana del gobierno popular y nacionalista de Lázaro Cárdenas (1934-1940) de nacionalizar las propiedades de las empresas petroleras inglesas y estadounidenses, la Casa Blanca suspendió las compras de plata, así como la “ayuda económica” que le ofrecía a México. También mantuvo una posición anuente frente al férreo boicot a las exportaciones petroleras mexicanas y la importación de las refacciones decretada –con el apoyo del gobierno británico— por las empresas imperialistas nacionalizadas. Además, ejerció diversas presiones diplomáticas con vistas a lograr que el gobierno mexicano pagara las desproporcionadas indemnizaciones que exigían los “pulpos petroleros”.
1939: Se inició la Segunda Guerra Mundial e impulsada por los Estados Unidos se efectuó en Panamá la Primera Reunión de Consultas de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Panamericana. En ese contexto, la administración de Franklin Delano Roosevelt nombró como gobernador colonial de Puerto Rico al almirante William Leahy; quien fortaleció las acciones dirigidas a la militarización de ese archipiélago; entre ellas, la ocupación de la isla de Vieques para convertirla en polígono de pruebas de los armamentos estadounidenses.
Paralelamente, la Embajada estadounidense en La Paz, Bolivia, emprendió diversas “presiones diplomáticas” contra el fugaz gobierno del joven coronel Germán Busch Herrera (1937-1939), quien –tratando de profundizar las acciones nacionalistas de su antecesor, David Toro (1935-1937)— había respaldado la nacionalización de las propiedades de la Standard Oil Company.
1940: A pesar de la oposición de algunos gobiernos latinoamericanos (en particular el de Argentina, que recordó su añejo conflicto con el Reino Unido en torno a las Islas Malvinas), la Segunda Reunión de Consultas de Ministros Relaciones Exteriores de la Unión Panamericana refrendó la Resolución Conjunta del Congreso estadounidense que –aduciendo explícitamente la Resolución de No Transferencia de 1811—, proclamó que los Estados Unidos no reconocerían el traspaso de ningún territorio del Hemisferio Occidental “de una potencia no americana a otra potencia no americana…”. Por ende, se santificaron las acciones que ya había emprendido la Casa Blanca con vistas a ocupar militarmente las posesiones coloniales holandesas (Aruba, Curazao, Surinam) y francesas (Martinica, Guadalupe y Cayena) en el mar Caribe. Adquirieron así, por primera vez en la historia, un carácter “panamericano” algunos de los postulados de la Doctrina Monroe.
De la misma forma, mediante el llamado acuerdo “bases por destructores” firmado entre los imperialismos anglosajones, las fuerzas armadas estadounidenses ocuparon “preventivamente” las principales posesiones coloniales británicas en la llamada “cuenca del Caribe”.
1941: Sobre la base de la llamada Carta del Atlántico signada entre Franklin Delano Roosevelt y el primer ministro británico, Winston Churchill, se instalaron más de una decena de bases aéreas y navales estadounidenses en algunas colonias inglesas en el Caribe; en algunas regiones como Antigua, Bahamas, Bermudas, la Guayana Británica, Jamaica, Santa Lucia y Trinidad y Tobago. En ese contexto, la administración de Franklin Delano Roosevelt –mediante un acuerdo con el gobierno holandés en el exilio y con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Brasil—, tropas norteamericanas ocuparon el territorio de la llamada “Guyana Holandesa” (Surinam).
Asimismo, el gobierno del “Buen Vecino” organizó un golpe de Estado contra “el gobierno pro fascista” de Arnulfo Arias (1940-1941, siendo sustituido este por Ricardo Adolfo de la Guardia (1941-1945), quien de inmediato aceptó la ampliación de las bases militares estadounidenses enclavadas en la Zona del Canal de Panamá.
1942: Después que la Casa Blanca había decidido unilateralmente declararle la guerra a las potencias imperialistas integrantes del Eje Berlín-Roma-Tokio, se efectuó en Río de Janeiro, Brasil, la Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Panamericana. En ella, debido a las exigencias estadounidenses, se estableció un Comité Consultivo de Emergencia para la Defensa Política del Hemisferio Occidental y se fundó la llamada Junta Interamericana de Defensa (integrada por todos los ejércitos de la región), que tan nefasto papel jugó en la historia posterior de América Latina y el Caribe. A partir de ahí se instalaron nuevas bases militares norteamericanas en Brasil, Ecuador y República Dominicana.
Igualmente, una dependencia especial del Departamento de Estado –encabezada por el multimillonario John Rockefeller Jr.—comenzó a implementar diversas acciones dirigidas a profundizar el control económico de América Latina y el Caribe por parte de Estados Unidos.
1944: Unidades de la Marina de Guerra estadounidense bloquean el puerto de Buenos Aires con el propósito de obligar al gobierno surgido de la contradictoria Revolución militar de 1943 (en el que ocupaba prominentes posiciones el entonces coronel Juan Domingo Perón), a romper sus relaciones diplomáticas y a declararle la guerra a las potencias integrantes del Eje Berlín-Roma-Tokio. El bloqueo se levantó cuando el Jefe de la Junta Militar argentino, general Pedro Ramírez, decidió romper sus relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón.
1945: Murió Franklin Delano Roosevelt. Lo sustituyó su vicepresidente Harry Truman, quien cargó con la responsabilidad histórica de haber autorizado el bombardeo atómico de las indefensas ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaky.
Previamente, se efectuó en México la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, en la que mediante el Acta de Chapultepec y la llamada Carta Económica de las Américas, todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños (con excepción del gobierno argentino que fue excluido del cónclave), quedaron comprometidos a respaldar los esfuerzos estadounidenses dirigidos a terminar la guerra, así como a reorganizar el “orden” y la institucionalidad política y económica internacional y hemisférica que emergería de la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, la Casa Blanca obtuvo el respaldo de los gobiernos de la región para que la entonces naciente Organización de Naciones Unidas (ONU) rec